Es importante para el país que tanto jueces como fiscales sean elegidos en función a un cuadro de méritos y no sea una designación como un cargo de confianza en un sector tan importante como es la administración de justicia en el Perú, lo cual es lamentable por los problemas que se han generado.

Esa fue la opinión compartida por la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA), presidenta de la Comisión Especial de alto nivel multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú; y la legisladora Lady Camones Soriano (APP).

Fue con ocasión de escuchar la propuesta de desarrollo constitucional del artículo 154 de la Carta Magna, realizada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, con el fin de que sea la Junta Nacional de Justicia, a través de un concurso público de méritos, la que nombre a jueces supremos provisionales, y no el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Ese es el atributo de la Junta Nacional de Justicia, no de otra instancia o poder del Gobierno”, acotó Gutiérrez Cóndor, al tiempo de señalar que lo demás es una distorsión constitucional.
Alva Prieto lamentó que en el Perú se haya administrado la justicia con jueces provisionales, y generados problemas como los conocidos en el país.

Camones Soriano (APP) saludó la propuesta planteada por Gutiérrez Cóndor y se manifestó de acuerdo con la fórmula que permitiría afrontar el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales, que en la actualidad aparece como un cargo de confianza.

LA FÓRMULA

Gutiérrez Cóndor explicó que el proyecto de ley que plantea su institución es la elección de jueces y fiscales en función a un cuadro de méritos, vinculante, en un concurso organizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como único órgano rector.

El defensor del Pueblo indicó que en la actualidad la ocupación de las plazas en el sector del Ministerio Público y justicia están previstas, pero no presupuestadas, lo cual es una limitante para su ejecución.

Refirió que solo 18 o 20 jueces supremos tienen plaza presupuestada, pero que en la práctica hay más de 50, situación que se repite en las cortes superiores, en juzgados provinciales o de especialidad o mixtos.

Explicó que debe ser la JNJ, como le corresponde, convocar a un concurso abierto y elaborar un cuadro de mérito vinculante para ocupar de manera temporal las plazas.

Detalló que la propuesta legal dispone que para postular a jueces supremos provisionales deben concursar los jueces superiores titulares, porque esa categoría tiene que estar investido de la autoridad del ente rector, que es la JNJ, y no de otra que, si existiera, debe ser derogada.

Dijo que esa misma lógica se debe aplicar para ser juez supremo provisional, cuyos concursantes deben ser los jueces superiores provisionales y para ser jueces superiores provisionales, lo deben hacer los jueces especializados y/o mixtos titulares, y así los otros niveles. Lo mismo debe ocurrir en el Ministerio Público.

Aclaró que el título de provisionalidad lo entregaría la misma Junta, con lo cual se evitará que se designen “jueces sicarios” y que se argumente que no hay el presupuesto correspondiente.
De otro lado, en respuesta a una interrogante de Alva Prieto, Gutiérrez se refirió a la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32330 “que establece la responsabilidad penal de niños de 16 y 17 años, por ser lesiva”.

Argumentó que una razón es la suscripción de Perú a la Convención del Niño en 1989 y ratificado en 1990. Asimismo, que la vulnerabilidad de niños y adolescentes en nuestro país los somete a organizaciones criminales para utilizarlos en sus fechorías y que son el Estado y la comunidad los que tienen que velar por su protección.

Por esas razones -dijo- no son ellos los culpables de incurrir en delitos en los que caen por su estado de abandono y falta de formación. “Muchos adolescentes presos tienen a sus padres también recluidos en prisiones”, agregó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL