La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), aprobó este viernes diversos informes de calificación de las denuncias constitucionales contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el mandatario Pedro Castillo Terrones y tres exministros de ese gobierno.

DENUNCIA CONTRA ALBERTO OTÁROLA

Por 16 votos a favor y uno en contra, se aprobó el informe de calificación que declara admitir a trámite la Denuncia Constitucional 520, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, por la presunta comisión del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

“Cumple con todos los requisitos necesarios para ser admitida”, señala las conclusiones del informe.

Según la denuncia, Otárola habría ejercido una injerencia funcional indebida en contrataciones públicas, beneficiando a personas con quienes mantenía vínculos personales y profesionales previos, hechos sustentados en informes periodísticos y otros elementos probatorios.

Específicamente, según la denuncia, Otárola habría concertado ilícitamente con dos directivos de Devida para que la señora Rosa Pierina Rivera Bermeo, persona de su entorno cercano, sea favorecida irregularmente con dos órdenes de servicio en esa entidad.

Cabe precisar que esta calificación no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino el inicio de una investigación parlamentaria en estricto respeto al debido proceso.

DENUNCIAS CONTRA PEDRO CASTILLO Y EXMINISTROS

En otro momento, la subcomisión aprobó el informe de calificación que declara admitir a trámite por procedente las denuncias constitucionales 547 y 575, contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones; la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, por la presunta infracción a la Constitución.

Este caso está referido al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, evidenciado en un mensaje a la nación del entonces mandatario.

Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (RP) y Alejandro Cavero (Avanza País), respectivamente.

Se rechazó los cargos penales de rebelión y conspiración por aplicación del principio del non bis in idem, y declarar improcedente la denuncia contra el exministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas.

IMPROCEDENTE

La tercera denuncia evaluada fue la Denuncia Constitucional 566, la cual obtuvo 18 votos a favor para ser declarada improcedente. La denuncia fue interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el fiscal supremo Luis Arce Córdova, por presunto tráfico de influencias.

El informe concluyó que no se encontraron elementos mínimos como coordinación previa o contribución determinante que sustenten la acusación.

AUDIENCIAS

La audiencia correspondiente a la Denuncia Constitucional 468, contra la exministra Betssy Chávez, por presunto enriquecimiento ilícito, fue reprogramada a pedido de la denunciada, quien alegó no haber tomado conocimiento oportunamente de la citación. La presidenta de la subcomisión subrayó que se garantizan el debido procedimiento y el derecho a la defensa.

Del mismo modo, se reprogramó la audiencia relacionada con el exministro Jorge López Peña, a solicitud del congresista delegado Héctor Ventura (FP), quien se encuentra en actividades de representación, y del denunciado, cuyo abogado tenía otro compromiso judicial.

RECTIFICACIÓN POR ERROR MATERIAL EN INFORME FINAL

Finalmente, por unanimidad (17 votos), se aprobó un informe de rectificación por error material en el Informe Final de la Denuncia Constitucional 354, contra los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry.

La corrección responde a una duplicación de nombres en la sección de conclusiones del informe, sin alterar el fondo del mismo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL