Con 106 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 6658, 8243, 8270, 8598, 8989, 9022, 9301, 9424 y 9548, el cual plantea la derogación del numeral 15.3 del artículo 15 y del numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

Durante la sustentación, la congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, señaló que, dado que el presupuesto 2025 se financia parcialmente con los recursos alcanzados por estas disposiciones, su derogación no podrá aplicarse de manera inmediata.

Por ello, se propone que la medida entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

En ese sentido, precisó que, en el proceso de programación presupuestaria de 2026, dichos recursos no serán considerados como parte de los ingresos ordinarios del Estado.

Camones Soriano advirtió que, desde la entrada en vigencia del inciso 1 del numeral 15.3 del D.L. 1441, los recursos directamente recaudados (RDR) han sido utilizados con fines distintos a los que justificaron su recaudación, lo cual vulnera el principio constitucional de legalidad tributaria.

«Los recursos directamente recaudados son ingresos no tributarios y deben destinarse exclusivamente a financiar los bienes o servicios por los cuales fueron cobrados. Su uso generalizado desnaturaliza su esencia y rompe el vínculo con el ciudadano que pagó por un servicio específico», explicó la parlamentaria.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López Ureña (AP), respaldó la iniciativa y alertó que el D.L. 1441 afecta la autonomía financiera de las municipalidades.

Indicó que los recursos recaudados por los gobiernos locales como el impuesto predial o vehicular terminan en la Caja Única del Tesoro, administrada por el Poder Ejecutivo, lo cual representa un retroceso en el proceso de descentralización.

“El Ejecutivo argumenta que la Caja Única es un mecanismo de orden y control para redistribuir recursos; sin embargo, en la práctica ignora la realidad específica de cada distrito. Por ejemplo, en el distrito de Pariahuanca (Huancayo), la infraestructura vial está colapsando y los municipios no pueden responder con rapidez por no tener control sobre sus propios recursos”, sostuvo.

López Ureña precisó que la propuesta legislativa plantea que los fondos públicos generados por la prestación de servicios o la venta de bienes permanezcan bajo la administración y registro de las entidades que los generen. Es decir, si una municipalidad recauda, debe también administrar sus propios recursos.

En la misma línea, el congresista Juan Carlos Mori Celis (AP) enfatizó que el objetivo de esta reforma es restablecer la autonomía de las entidades públicas sobre los recursos que generan directamente, como tasas, rentas o ventas de bienes y servicios.

Desde la entrada en vigencia del numeral 15.3 del artículo 15 del D.L. 1441, dijo, estos recursos han sido absorbidos por el Tesoro Público, lo que ha dificultado su uso oportuno en beneficio de la ciudadanía.

Mori recordó que, durante la pandemia, los hospitales utilizaron estos recursos para adquirir oxígeno, medicamentos e insumos médicos. Hoy, sin embargo, muchos de ellos ya no tienen acceso a esos fondos.

Finalmente, la congresista Katy Ugarte Mamani (BMCN) explicó que la iniciativa busca corregir la situación generada desde la entrada en vigencia del numeral 15.3, que permitió que recursos como tasas, rentas de propiedad, ventas de bienes y servicios fueran considerados como parte del Tesoro Público, desnaturalizando su finalidad original.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL