En forma unánime la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, aprobó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que establece un plazo de siete días para que la entidad financiera emita una constancia de regularización cuando el deudor demuestre haber pagado su deuda.

Asimismo, debe informar, en ese plazo, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para que sea registrada en la Central de Riesgos en el siguiente reporte.

Se señala también que mientras se actualiza la información a la Central de Riesgos, y a solicitud del cliente, la SBS debe informar a través de un canal habilitado, en un plazo de siete días, contados a partir de la fecha de la solicitud, sobre dicha regularización a las empresas del sistema financiero y a las centrales privadas de información de riesgos.

La constancia de regularización emitida por la entidad financiera, junto con el informe que envíe la SBS a las empresas del sistema financiero, complementa y actualiza la información registrada en ala Central de riesgos a efectos de la evaluación crediticia del cliente o usuario.

La autógrafa, que recae en los proyectos de ley 6317, 6325, 7075, 8239, 9011 y 9017, plantea la modificación de la Ley 28587, Ley complementaria a la ley de protección al consumidor en materia de servicios financieros; y la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de incorporar el procedimiento de regularización y corrección de información de los consumidores en las centrales de riesgos.

En la sesión conducida por su presidente, congresista Manuel García Correa (APP), también se aprobó por 11 votos a favor, uno en contra y una abstención el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 9656/2024-CR, que propone, mediante texto sustitutorio, la ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635.

El objetivo de la propuesta es sancionar la activación ilegal de líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de tarjetas SIM sin consentimiento del titular.

En ese sentido, quien provea, comercialice o facilite la adquisición de tarjetas SIM u otros medios asociados a líneas de servicio móvil, activados ilegalmente, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de nueve años, e inhabilitación conforme al Código Penal.

Ministro de Educación

En otro momento de la décimo cuarta sesión ordinaria, se presentó ante la comisión el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, para informar sobre la implementación de la Política V del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571), infraestructura educativa e inicio del año escolar 2025.

Dicha política establece que el Estado debe promover programas de educación y capacitación para que los escolares conozcan sus derechos como consumidores, y puedan tomar decisiones informadas.

Para ese efecto, considera debe integrarse en el currículo escolar, la capacitación de docentes, asesoramiento a los consumidores desde temprana edad y desarrollar alianzas con instituciones públicas y privadas que contribuyan a ese fin.

En otro momento de su exposición de cerca de tres horas, sostuvo que para el presente año escolar se incorporarán 25 mil nuevos docentes a través del concurso de la carrera pública magisterial llevado a cabo el año pasado.

“Será un bien inicio del año escolar este año”, señaló indicó que esa cantidad de docentes constituyen el 74 por ciento del grupo de docentes nombrados. El resto son profesores contratados.

Dijo también que su sector siempre estará dispuesto a trabajar por la educación en el país, y apoyar la innovación en los colegios públicos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL