En el marco de la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana, que lideró el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, también se analizó el Proyecto de Ley 7567/2023-CR, que propone declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) y establecer medidas para fortalecer su capacidad operativa, con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana.

La iniciativa legislativa, presentada por el congresista Gustavo Cordero Jon Tay (SP), plantea la asignación de mayores recursos para la incorporación de más efectivos policiales, la adquisición de equipamiento moderno, armamento, municiones, patrulleros y la construcción de nuevas comisarías.

Según el parlamentario, esta propuesta no generará un aumento en el gasto público, pero permitirá optimizar los recursos disponibles para mejorar la seguridad en el país.

Por su parte, el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP) advirtió que la falta de efectivos policiales es una crisis latente. «Nos estamos quedando sin policías. En los últimos 43 meses hemos tenido 13 ministros del Interior, lo que evidencia una falta de estabilidad en el sector. Además, muchos efectivos temen actuar por las sanciones que enfrentan al usar su arma de reglamento», precisó.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, quien también participó en la mesa de trabajo, reveló cifras preocupantes sobre la situación de la PNP. «Recibimos un ministerio con un parque automotor en crisis, con el 85% de los vehículos inoperativos. Además, enfrentamos un déficit de 60,000 policías, lo que limita nuestra capacidad para combatir la delincuencia», sostuvo.

Además, la recategorización de suboficiales a oficiales abogados para la defensa legal de los policías que usen su arma de fuego en legítima defensa. «Necesitamos empoderar a la Policía Nacional, darle los recursos y el respaldo legal para que actúe con firmeza contra la delincuencia. No podemos permitir que los agentes sean perseguidos judicialmente por cumplir con su deber», enfatizó Santiváñez.

En el encuentro también participó Raúl Miranda, representante de la Defensoría del Pueblo, quien informó sobre la supervisión de 1,383 comisarías a nivel nacional. Este estudio permitirá determinar las brechas en infraestructura y equipamiento, información que será entregada al Ministerio del Interior para la formulación de políticas públicas efectivas en la lucha contra la criminalidad.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Durante la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana, también se abordó la evaluación sobre las declaratorias de estados de emergencia y permitir la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para combatir la delincuencia.

Al respecto, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, explicó que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir si se decreta un estado de excepción. Subrayó que la respuesta del Estado debe ser articulada y contar con la participación de todos los actores, incluyendo los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Además, enfatizó que, aunque la presencia de las FFAA genera una mayor sensación de seguridad, esto no soluciona el problema de fondo, por lo que se requiere una estrategia integral basada en inteligencia policial y operativa en zonas críticas.

En tanto, el congresista Américo Gonza Castillo (PL) propuso modificar artículos de la Constitución para facilitar la cooperación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. Señaló que los militares en las calles disuaden a los delincuentes y brindan protección a la ciudadanía.

Por su parte, el legislador Wilson Soto Palacios (AP) respaldó la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida disuasiva en coordinación con la PNP. Además, destacó la necesidad de efectuar reformas legales, mencionando su Proyecto de Ley 5642/2023-CR para suprimir la responsabilidad restringida por edad en delitos graves y su propuesta de pena de muerte para sicarios y violadores.

La congresista Silvia Monteza Facho (AP) expresó su preocupación por el ingreso de más de 600,000 extranjeros con solicitudes de refugio sin control migratorio, indicando que muchos de ellos podrían estar vinculados a actividades delictivas, como la extorsión. Pidió a la Cancillería tomar medidas urgentes para revisar y regularizar estos casos.

Heidy Juárez Calle (PP) señaló que las políticas de seguridad ciudadana actuales no están funcionando de manera efectiva. Destacó la necesidad de involucrar al presidente del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el debate, ya que muchas comisarías se encuentran en estado deplorable y la PNP no cuenta con los recursos adecuados.

Subrayó que no se puede exigir resultados sin otorgar herramientas y presupuesto suficientes para el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Responsabilidad penal de menores

Durante la mesa de trabajo, se analizó la viabilidad de la propuesta legislativa que busca establecer la responsabilidad penal de menores de entre 16 y 18 años en casos de tenencia y uso de armas de fuego y explosivos.

Al respecto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, recordó que el país ya cuenta con el Decreto Legislativo 1348, que implementó el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Explicó que los menores que cometen infracciones penales no quedan impunes, sino que son sometidos a un sistema de justicia penal juvenil especializada, el cual contempla medidas socioeducativas y, en casos graves como sicariato, terrorismo o violación sexual, sanciones de internamiento de entre 8 y 10 años.

Tello Gilardi cuestionó la necesidad de reformar el sistema si se plantea imponer penas de 25 o 30 años, pues ello desvirtuaría la finalidad del sistema penal juvenil. Señaló que en todos los países desarrollados, la justicia penal juvenil está orientada a la rehabilitación y no a la equiparación con la justicia para adultos.

Destacó, además, que en la mayoría de los casos, los menores infractores provienen de entornos vulnerables, donde han sido víctimas de violencia familiar, abuso sexual y exclusión social.

Finalmente, alertó que, pese a la promulgación del Decreto Legislativo 1348, no se ha destinado presupuesto para la implementación de juzgados penales especializados, lo que dificulta la correcta aplicación de la justicia restaurativa, basada en el reconocimiento de la responsabilidad del adolescente y su reinserción en la sociedad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL