En un esfuerzo por reforzar la lucha contra la delincuencia y garantizar una justicia más rápida y eficiente, el Congreso de la República debatió diversas iniciativas legislativas orientadas a mejorar el funcionamiento de las unidades de flagrancia delictiva en el país.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez Gallegos (FP), destacó la importancia de estas unidades tras visitar una de ellas en Lima Norte.

“Hace poco visité una Unidad de Flagrancia en San Martín de Porres, monitoreada por el Poder Judicial de Lima Norte, y observé su funcionamiento óptimo con la participación del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Sin embargo, las oficinas del Ministerio Público estaban cerradas y los fiscales realizaban trabajo remoto, lo que contraviene el principio de operación continua de estas unidades”, manifestó Juárez.

Por su parte, el congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN), autor del Proyecto de Ley 08828/2024-CR, resaltó la necesidad de ampliar los plazos de detención en casos de flagrancia.

“Proponemos extender el plazo de detención judicial más allá de las 24 horas actuales, permitiendo una extensión de hasta 10 o 15 días. Esto dará a los fiscales el tiempo necesario para coordinar con otras instituciones y mejorar la calidad de las investigaciones, especialmente en delitos complejos perpetrados por organizaciones criminales”, explicó Quiroz Barboza, quien subrayó que esta medida fortalecerá la confianza en el sistema judicial y reducirá la sensación de impunidad.

En tanto, el congresista Roberto Kamiche Morante (APP), quien presentó el Proyecto de Ley 10127, que sanciona el uso de métodos terroristas con fines delincuenciales. En su intervención, criticó la eliminación de especialidades dentro de la Policía Nacional, lo que, según él, ha debilitado su capacidad de investigación.

“La Policía debe fortalecer su trabajo de inteligencia. Estrategias como las empleadas por el GEIN en la lucha contra el terrorismo deben ser recuperadas. Además, es fundamental crear un equipo élite de investigación con los recursos y la formación adecuados para enfrentar el crimen organizado a largo plazo”, expresó Kamiche Morante.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva Prieto (No agrupado) propuso la creación del Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.

“Este Congreso está comprometido con la lucha contra la inseguridad, pero necesitamos el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar el presupuesto necesario. Sin financiamiento ni reglamentación, estos proyectos no podrán concretarse”, advirtió Alva Prieto.

La legisladora resaltó que la falta de coordinación interinstitucional y las deficiencias en infraestructura han generado retrasos en los procesos judiciales y una creciente sensación de impunidad en la ciudadanía. Su iniciativa busca fortalecer la articulación entre los operadores de justicia y mejorar la protección de los derechos tanto de las víctimas como de los procesados.

Asimismo, el congresista Américo Gonza Castillo (PL), autor de un proyecto de ley que busca fortalecer las unidades de flagrancia, enfatizó la importancia de esta iniciativa.

“Cuando presidimos la Comisión de Justicia, recibimos quejas del Poder Judicial sobre la ausencia de fiscales en las unidades de flagrancia. Aunque estaban presentes el juez, la Policía, la defensa pública y el Ministerio de Justicia, en muchos casos no había un fiscal para formalizar la acusación”, explicó Gonza Castillo.

El legislador señaló que la falta de un marco legal que obligue a las instituciones a designar representantes en estas unidades ha dificultado su operatividad.

“Nuestra propuesta legislativa busca darle carácter de ley a esta obligación, garantizando así la presencia de todos los actores necesarios en las unidades de flagrancia”, puntualizó.

POSICIÓN DEL PODER JUDICIAL

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, subrayó la necesidad de priorizar la creación de un sistema especializado en flagrancia para delitos de alto impacto.

“Las unidades de flagrancia son cruciales en la lucha contra la delincuencia y deben abarcar no solo delitos menores, sino también crímenes graves como el feminicidio y el sicariato”, indicó.

Asimismo, sostuvo que este sistema permitiría una respuesta inmediata en casos evidentes de culpabilidad, citando como ejemplo situaciones en las que un agresor es encontrado con el arma homicida en la mano.

“Debemos ampliar el alcance de estas unidades para garantizar su eficacia y maximizar su impacto en la seguridad ciudadana”, concluyó.

Finalmente, la presidenta del Poder Judicial destacó la necesidad de implementar módulos de ejecución penal y de sentencias, con el propósito de agilizar la administración de justicia en el país.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El representante del Ministerio Público resaltó la importancia de conocer la estructura organizativa de la institución en la atención de los casos de flagrancia.

“Operamos bajo un sistema de fiscalías corporativas, en el que los fiscales de turno en los 35 distritos fiscales del país atienden estos procesos. Cada distrito cuenta con fiscales provinciales y adjuntos que se organizan en turnos penales programados para garantizar una respuesta inmediata”, explicó un representante de la entidad.

Sin embargo, enfatizó que no todos los casos de flagrancia pueden ser resueltos mediante un proceso inmediato, ya que el fiscal debe evaluar si el caso reúne los requisitos para ser llevado a juicio oral de forma expedita.

“El principal desafío sigue siendo el tiempo que toman algunas pericias esenciales para el proceso judicial. En delitos como el tráfico de drogas, que tienen un plazo máximo de 15 días para su resolución, pruebas químicas pueden tardar más del tiempo estipulado, retrasando el procedimiento”, advirtió el representante del Ministerio Público.

Ante este problema, la entidad ha propuesto ampliar el alcance de los procesos inmediatos para incluir delitos evidentes y confesos. Se estima que esta medida optimizaría la carga procesal de los jueces y fortalecería la lucha contra delitos como el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios y la tenencia ilegal de armas.