El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, acudirá el martes 11 del presente mes a la Comisión de Constitución y Reglamento a fin de sustentar los alcances del Decreto de Urgencia Nº 003-2017, el cual tiene que ver con proyectos de inversión pública e impedir que empresas involucradas en presuntos casos de corrupción puedan vender sus activos.

Se trata de una disposición estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción, y sobre lo cual el ministro debía haber informado antes a ese grupo dictaminador. Ocurrió que por la emergencia causada por los desbordes de ríos, lluvias y huaicos el tema fue postergado.

La nueva fecha de la presentación del ministro fue anunciada en sesión efectuada hoy martes 4 por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres Morales (FP). En esta oportunidad prosiguió el debate y aprobación de informes relativos a decretos legislativos.

Al respecto, el congresista Torres Morales expresó que había en agenda una veintena de informes recaídos en decretos legislativos que se esperaba evaluar y aprobar en la sesión efectuada en el hemiciclo de sesiones del Pleno.

Asimismo, por unanimidad, fue aprobado un informe de opinión consultiva solicitado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, según el cual sí resulta constitucional incluir, de manera complementaria a la labor de control que realiza el Sistema Nacional de Control, comités de vigilancia, durante la ejecución de la obra pública por administración directa, para que puedan solicitar información, al residente o supervisor de obra, sobre el avance de la ejecución de la obra y el desembolso del presupuesto asignado.

 DECRETOS LEGISLATIVOS

“Tenemos una relación de 20 informes sobre decretos legislativos, y es de esperar que ellos sean revisados en la fecha”, comentó el presidente de la Comisión, al inicio de la sesión que se proyectó por cerca de cinco horas.

Tal como lo precisó la Presidencia, la idea central y el rol de la Comisión en este caso es analizar y evaluar si los decretos legislativos, dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, se enmarcan dentro de lo dispuesto por la Constitución y si no exceden de los alcances señalados en la ley autoritativa correspondiente.

La precisión fue hecha a propósito de las discusiones que se suscitaba respecto de diversos temas, lo que daba lugar, en varias ocasiones, a que los legisladores se extendieran en detalles y pormenores sobre el fondo de las disposiciones.

En todo caso, como lo mencionó Torres Morales, si los representantes tuvieran algunas observaciones de fondo, estaban en su pleno de derecho de proponer proyectos de ley alternativos, sin perjuicio de que la Comisión se pronunciase por la constitucionalidad, o no, de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo.

En muchos casos, los decretos legislativos analizados fueron derogados parcialmente en cuanto a artículos, disposiciones transitorias o finales por resultar inconstitucionales o por excederse de los alcances de la Ley Nº 30506, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias.

De esa manera fueron aprobados el decreto legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura. Al respecto, la legisladora Marisa Glave Rémy (FA) sugirió la conveniencia de que se citara a los ministros de Economía y Finanzas y de Vivienda y Construcción, a fin de que detallasen los alcances de las normas porque el problema del agua y desagüe es uno de los principales que afectan actualmente al país.

También fue aprobado el decreto referido a la simplificación administrativa en materia de derechos de autor, al igual que por unanimidad fue aprobada una norma modificatoria de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria de manera de incluir las faltas como leves, graves y muy graves, entre otras.

Igualmente, se acordó derogar un decreto sobre formalización de la minería integral, entre otras razones, porque atenta a los derechos de los pequeños mineros y se excede de la autorización dictada por la ley de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.

Asimismo, fue aprobada la ley que transfiere, del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente, y para ello se crea una comisión especial que implementará esa disposición. A ella se sumó la disposición que regula la formación profesional en la Policía Nacional del Perú.

En cambio se aprobó la derogatoria del decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, se restituye disposiciones que habían sido derogadas merced a la medida dictada por el Poder Ejecutivo.

Uno de los temas que determinó un mayor debate fue el relacionado con la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y contra la mujer. Ello dio lugar a una discusión sobre la ideología de género y las discriminaciones y hasta asesinatos que suele cometerse en el Perú en agravio de homosexuales y lesbianas, a propósito de sus opiniones sexuales. La norma fue finalmente derogada. (JTR).

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