La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside el congresista Edgar Reymundo Mercado, aprobó por unanimidad el dictamen que propone  la protección y puesta en valor de tres sitios arqueológicos, ubicados en Amazonas, San Martín y Apurímac, y el proyecto de Ley que establece el día de la guitarra criolla en el Perú, entre otros.

La iniciativa legal sobre estos lugares arqueológicos acumuló los dictámenes de los proyectos de ley 2712/2021-CR, 6515/2023-CR y 8661/2024-CR, que reconoce como patrimonio nacional y revalora como sitio histórico y mitológico al museo arqueológico y paleontológico quebrada seca alta y a la quebrada seca alta del distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba de la región Amazonas; Gran Pajatén (en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín)

Y, el complejo arqueológico de Markansaya, del distrito Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac.

El predictamen acumulado destaca que los tres sitios arqueológicos requieren acciones que promuevan su recuperación y aprovechamiento turístico.

Asimismo, se aprobó el dictamen  recaído en el Proyecto de Ley  9641/2024-CR, ley que declara día de la guitarra criolla el 24 de marzo de cada año, presentado por el congresista Edgar Reymundo Mercado.

La fecha se establece en homenaje al día del nacimiento del destacado compositor, arreglista, y guitarrista Oscar Avilés Arcos, considerado como el máximo cultor y productor discográfico de la música criolla del país, y quien fue considerado como la “primera guitarra del Perú”.

También se aprobó por mayoría el dictamen  recaído en el Proyecto de Ley 8288/2023-CR, Ley que declara de interés nacional la conservación, promoción y puesta en valor de la Cruz de la Conquista, ubicada en el distrito de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes, presentado por la congresista Magally Santisteban Suclupe (Fuerza Popular).

Durante la sesión de la comisión el congresista Carlos Anderson Ramírez (No Agrupados) sustentó el Proyecto de Ley 09635/2024-CR, ley que busca garantizar la independencia y autonomía del Instituto de Radio y Televisión del Perú, incorporando un Consejo Directivo como órgano máximo de gobierno, que regula la designación de sus miembros y su funcionamiento, a fin de garantizar su independencia y autonomía para el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho.

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