Tras un pedido del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Isaac Mita Alanoca (PL), se aprobó pasar a un cuarto intermedio el debate -en el pleno- del dictamen recaído en los proyectos de ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, entre otros, que plantea modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de incorporar el delito de terrorismo urbano.

“La Comisión de Justicia va a recoger las sugerencias y aportes. Este tema es algo serio y no se trata de manejarlo emocionalmente o de interés, sino de buscar la paz social y proteger la vida de las personas, por lo tanto, pido un cuarto intermedio para desarrollar mejor esta propuesta”, subrayó el parlamentario.

POSTURAS
Durante el debate, el congresista Edwin Martínez Talavera (AP) dijo que ante tanta inseguridad en el país, no queda otro camino que brindar un choque frontal contra la criminalidad. “Tenemos que fortalecer el sistema de justicia para que estos sicarios y extorsionadores se vayan al (ex penal) Frontón, que debe habilitarse”, dijo.

Por su parte, Alejandro Cavero (AvP) detalló que en el texto propuesto incorpora unos 40 delitos, pero no están los tres más importantes que generan zozobra en la población: narcotráfico, tráfico de terrenos y minería ilegal. Por ello, sugirió que se incorporen en el dictamen.

En tanto, Diego Bazán Calderón (RP) mencionó la importancia de aprobar “algo que realmente funcione”, ese decir, una propuesta muy bien elaborada. “El problema sigue siendo el sistema de justicia en el país, además de ello necesitamos una reforma penitenciaria”, dijo.

En contraste, la parlamentaria Sigrid Bazán narro (BDP) dijo que el debate refleja una “admisión de culpa de parte del Congreso” por el rechazo ciudadano a los cambios a la Ley del Crimen Organizado. Agregó que solo “se vende humo” con la propuesta de la Comisión de Justicia y que no cambiará nada.

En el mismo sentido, Jaime Quito Sarmiento (BS) manifestó la importancia de que el Congreso sincere su posición, ya que en el Código Penal si hay penas importantes. Opinó que no se quiere combatir la criminalidad y lo que se pretender, en el fondo, es criminalizar la protesta social.

Desde la óptica de Fernando Rospigliosi Capurro (FP), quizás por ignorancia el Congreso quiere denominar terrorismo urbano a los delitos comunes, lo que solo generará confusión. “Las penas no disuaden el delito, lo que disuade al delincuente es que se ejecuten las penas. El problema central es la reorganización del sistema judicial”, alegó.

Para Bernardo Pazo Nunura (SP), la delincuencia está ganando terrenos en el país y se debe dar una respuesta desde el Congreso, ya que la población viene pidiendo medidas drásticas contra el crimen organizado.

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