La Comisión de Constitución aprobó la propuesta de reforma constitucional, presentada por la congresista Patricia Juárez Gallegos, de la bancada de Fuerza popular, para extender el plazo de detención policial en flagrancia de 48 a 72 horas. Actualmente, las 48 horas son insuficientes para recabar pruebas, lo que puede resultar en liberaciones tempranas de sospechosos. Ampliar el plazo a 72 horas permitirá investigaciones más efectivas.

La reforma se enfoca en modificar el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. El nuevo texto propuesto establece que: «nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas o en el término de la distancia».

La inseguridad ciudadana es una preocupación constante para los peruanos, con índices de criminalidad que han aumentado de manera alarmante en los últimos años. El proyecto de Reforma Constitucional propuesto por la congresista Juárez busca equilibrar el respeto a los derechos fundamentales de las personas con la necesidad urgente de combatir la delincuencia y brindar mayor seguridad a la población.

El incrementar el plazo de detención de 48 horas a 72 horas, permitirá a la Policía Nacional del Perú llevar a cabo indagaciones más exhaustivas, recopilar pruebas adicionales y realizar un trabajo investigativo más riguroso antes de poner a disposición del Ministerio Público a los sospechosos.

Esta reforma no generará gastos adicionales al tesoro público. Se utilizarán los mismos recursos humanos y organizativos de la Policía Nacional del Perú, lo que se traducirá en una mayor eficiencia en la celeridad e indagación, evitando que los plazos cortos de detención sean una excusa para la liberación de detenidos por falta de pruebas o celeridad en el proceso.

La aprobación de esta reforma constitucional representa un paso importante en la lucha contra la delincuencia en el Perú. Se espera que esta medida contribuya significativamente a mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los delitos, garantizando una justicia más pronta y adecuada para la ciudadanía.

Al ser una iniciativa de reforma constitucional, es necesario que esta iniciativa sea votada en dos legislaturas ordinarias en el Pleno del Congreso de la República.