La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (APP), aprobó esta noche, por unanimidad, declarar procedente las denuncias constitucionales contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Adrianzén Ojeda, por presuntamente haberse interesado en el pago de 41 millones de soles a la empresa Aionia por parte de EsSalud.

El informe de calificación (IC) acumula la Denuncia Constitucional (DC) 395 y la DC 406 acumuladas, formuladas por el congresista Juan Burgos Oliveros (UyDP) y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
En ellas se precisa que el exalto funcionario habría infringido los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y estaría inmerso en el presunto delito de negociación incompatible y/o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

El IC determinó que las denuncias cumplen con los requisitos formales y los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del reglamento del Congreso, plantea su procedencia y propone la acumulación de las referidas denuncias.

Improcedentes
Previamente, el grupo legislativo aprobó la improcedencia de tres denuncias DC.
El primero fue el IC de la DC 083 (ex 430), formulada por el excongresista Yván Quispe Apaza, contra el expresidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, por la presunta Infracción a los artículos 118 numeral 1 y 11 de la Constitución Política del Perú; y los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión simple, negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado.

Se declaró improcedente por cuanto los hechos guardan similitud con las DC 423 y 427, y por la cuales se inhabilitó al expresidente Vizcarra. Fue aprobado por mayoría: 19 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
El segundo fue el IC de la DC 104 (ex 455), formulada por Jack Pérez Arévalo, representante de la Asociación por los Derechos de las personas privadas de su libertad y por los derechos sociales “APODER”, y representante legal de Rodolfo Orellana Rengifo, contra la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin.

Se le atribuyó a la funcionaria el presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Se declaró improcedente por no cumplir los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del reglamento del Congreso; esto es, la referida funcionaria no se encuentra inmersa dentro de las prerrogativas del antejuicio político establecidas en el artículo 99 de la Constitución Política. Se aprobó por unanimidad: 18 votos.

El tercer fue el IC de la DC 216, formulada por Beatriz Mejía Mori, contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín; el exministro de Salud, Hernando Cevallos Flores; la exministra de Trabajo y Promoción del Empleo Bettsy, Chávez Chino; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez; el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; y otros exministros.

A estos funcionarios se les acusó por la presunta infracción a los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de Traición a la Patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.
Se declaró improcedente la denuncia porque, entre otros temas, la denunciante no resulta persona directamente agraviada de los hechos que denuncia y de igual forma los hechos atribuidos a los denunciados no constituirían infracción constitucional, y tampoco encajaría dentro del delito de atentado contra la integridad nacional.
Se aprobó por mayoría: 18 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

Informe
En la sección Informes, Lady Camones Soriano informó que mediante Oficio 242-2023-2026–STMC/CR, recibido el 16 de noviembre último, el congresista delegado Esdras Ricardo Medina Minaya remitió el Informe de Determinación de hechos y pruebas pertinentes de la DC 373, formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Luego de la participación de la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), quien solicitó agregar algunos hechos adicionales, hecho que fue aprobado, la presidenta señaló que en una próxima sesión determinará fecha y hora para la respectiva audiencia.