Por unanimidad, la Subcomisión de Control Político de la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la congresista Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), aprobó los informes sobre la legalidad de estados de emergencia declarados en diversas regiones del país.

Uno de los decretos analizados fue el 046-2023-PCM, del 6 de abril de 2023, que declaró el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de Madre de Dios.

“Se dio a consecuencia del avance de la criminalidad en la región de Madre de Dios, debido al incremento de actividades de la minería ilegal y la consiguiente aparición de los delitos conexo como el tráfico ilícitos de drogas, inmigrantes ilegales, entre otros”, alegó la congresista Juárez.

Al respecto, la Comisión concluyó que cumple con lo establecido en el artículo 137 de la Constitución, además de los “fundamentos de hecho y derecho que justificaron la decisión” de esa medida.

Sin embargo, observaron que el Poder Ejecutivo dio cuenta de la emisión al Parlamento fuera del plazo de 24 horas, tal como lo estable el artículo 92 -A del Reglamento del Congreso. Pese a ello, Juárez indicó que dicha infracción no tiene efecto de nulidad y, por ende, el Decreto Supremo no podrá dejarse sin efecto.

“Es una demora inexcusable que deberá ser corregida por los órganos encargados de la emisión de los documentos, por lo que se hace la exhortación a corregir ellos con otros decretos”, sostuvo la titular de la Subcomisión de Control Político de la Comisión de Constitución

También se aprobó la constitucionalidad del Decreto Supremo 104-2023, que declaró el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna, por peligro inminente del déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño 2023-2024.

En la sesión también se aprobó el informe sobre la legalidad del Decreto de Urgencia 002-2020, que estableció medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de Educación Básica de Gestión Privada.

Asimismo, la constitucionalidad de varios decretos de legislativos, entre ellos: el 1416, que permite el fortalecimiento del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses.

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