La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Janet Rivas Chacara (PL), aprobó por mayoría (16 votos a favor) la propuesta legislativa que busca facilitar la expulsión de extranjeros del territorio peruano y fortalecer la seguridad ciudadana.

Se trata de un nuevo texto sustitutorio elaborado sobre la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo a los proyectos de ley 621/2021, 1554/2021-CR, 2811/2021-PE, 4264/2022-CR. 4376/2022-CR, 4776/2022-CR y 4810/2022-CR, 2782/2022-CR, 4600/2022-CR y 4919/2022-CR, y que incorpora nuevas disposiciones.

Estas iniciativas legislativas proponen modificar el Código Penal, el Decreto Legislativo 635, el Código de Ejecución Penal y Decreto Legislativo 654, así como el Decreto Legislativo 1350 y el Decreto Legislativo de Migraciones.

Según el texto aprobado se modificarán los artículos 30, 52, 52-A y 368 del Código Penal, así como el Decreto Legislativo 635, los cuales establecen, en líneas generales, que “la pena restrictiva de la libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso”.

En tanto, el nuevo artículo 52 propuesto por la comisión, señala que el “juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad”.

El dictamen indica, además que, en los casos de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros cuya pena privativa de libertad no sea superior a cuatro años, el juez de la causa podrá convertir dicha pena en expulsión inmediata del país y prohibición de reingreso durante el tiempo que disponga la sentencia.

Para el artículo 52-A se apunta que, cuando a un extranjero se le hubiera impuesto una condena mayor o igual a quince años, “el juez competente puede convertir la pena privativa de libertad en una restrictiva de libertad, siempre que se hubiere cumplido dos tercios de la condena”.

En tanto el artículo 368, que busca fortalecer la seguridad ciudadana respecto a extranjeros que delinquen en suelo peruano, establece que quien desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

“El que desobedezca o resista la medida de sanción de expulsión del país dictada por sentencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”, señala el texto sustitutorio.

El texto sustitutorio también busca modificar el artículo 118 del Código de Ejecución Penal, el Decreto Legislativo 654, así como el artículo 54 del Decreto Legislativo de Migraciones y el Decreto Legislativo 1350.

SUSTENTACIÓN

En la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tres legisladores sustentaron sus proyectos de ley.
-El congresista Pedro Martínez (No Agrupado) expuso el Proyecto de Ley 5838/2022-CR, Ley para combatir el terrorismo de la criminalidad organizada.
-La congresista María Córdova (Avanza País) sustentó el Proyecto de Ley 2244/2021-CR, Ley de cadena perpetua para violadores.
-El congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) expuso el Proyecto de Ley 5480/2022-CR, Ley de acceso ciudadano al registro de agresores de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL