DENUNCIAN COMPRA DE PISTOLAS CON SOBREPRECIO

Centro de Noticias del Congreso
16 May 2016 | 18:43 h
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas acordó este lunes 16 convocar al ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, a fin de que informe sobre una denuncia periodística, según la cual se habría adquirido pistolas para la Policía Nacional con sobreprecios y perjuicios económicos para el país. El pedido al respecto fue planteado por el legislador Alberto Beingolea Delgado (PPC-APP), quien indicó que las pistolas, de marca Zigzower, fueron adquiridas al precio unitario de 450 dólares, cuando su precio real es de 330 dólares, según se precisó en un espacio periodístico propalado el domingo. Beingolea indicó, además, que las armas no eran de la calidad requerida por la policía peruana. La congresista Luz Salgado Rubianes (FP) se aunó al pedido. Dijo que, hasta donde ella estaba informada, la firma vendedora de esas armas no había pasado la revisión técnica correspondiente. Pidió que antes de la presentación del ministro en la Comisión, se envíe la documentación respectiva para ver los detalles de la compañía, los montos destinados para la adquisición y otras informaciones sobre el particular.Daniel Mora Zevallos (NoA), Hugo Carrillo Cavero (NGP) y Lourdes Alcorta Suero (CP) también se pronunciaron en favor de la presentación del ministro. El primero aclaró que tenía referencias de que las cuestionadas pistolas para la policía tenían un precio unitario más bajo que las que mencionó su colega Beingolea. En consecuencia, el presidente de la Comisión, Emiliano Apaza Condori (NGP), anunció que se cursará el oficio correspondiente para que el Ministerio del Interior envíe la documentación sobre el caso, sin perjuicio de que se convoque al ministro Pérez Guadalupe para otra sesión posterior. INSISTENCIA Asimismo, se acordó que la Comisión solicite a la Presidencia del Congreso que en la sesión del Pleno de este jueves 19 se vea el dictamen de insistencia en el proyecto de ley respecto del Servicio de Mantenimiento (SEMÁN) de la FAP. En este caso se trata de establecer definitivamente la composición del consejo directivo de esa institución que, entre otras cosas, produciría aviones en la Fuerza Aérea del Perú, con la cooperación de Corea, a fin de vender esos aparatos a países de América Latina. El presidente Apaza Condori, de otro lado, anunció que este miércoles 18 sesionará la Comisión para recibir al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán Zevallos, con el fin de analizar la problemática carcelaria en el país. También concurrirán autoridades de los organismos involucrados en las tareas de prevención respecto de fenómenos naturales y tsunamis que podrían sobrevenir en el país. INFORME Tras su exposición se produjo una serie de intervenciones de congresistas que cuestionaron que no se tuviera una precisión clara en cuanto a quiénes son las autoridades que disponen la realización de las subastas de esos bienes incautados a personas y organizaciones criminales. Se mencionó, entre otros casos, el del detenido Gérald Oropeza, quien llegó al extremo de “adquirir” un inmueble en La Molina, el cual antes fue propiedad de José Luis Crousillat, uno de los detenidos a raíz de negociados con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Legisladores como Luz Salgado, Hugo Carrillo, Lourdes Alcorta y Daniel Mora expresaron que había situaciones presentadas que harían ver que en varios puntos del país es la delincuencia quien realmente estaría gobernando en el país, cosa que es necesario conjurar, según señalaron. “Aquí hay cosas graves para el país. Ella (la expositora) debe saber qué autoridades eran las que participaban en la toma de esas disposiciones, cuáles eran sus funciones y establecer sus responsabilidades”, dijo el legislador Hugo Carrillo. Al exponer ante los legisladores, María del Pilar Sosa señaló el ordenamiento legal que regula el accionar institucional de la Comisión Nacional de Bienes Incautados. Afirmó que no recibe presupuesto del Estado y que se desenvuelve basada en los recursos que le sobreviene como consecuencia de las subastas y ventas de los bienes incautados tales como automóviles, inmuebles, joyas y oro, entre otros a las que se refirió. Precisó que hubo hechos irregulares que ocurrieron antes de que ella asumiera sus funciones en la Conabi, después de que habían operado otras entidades como Ofecod y el Fedadoi, entre otras. (JTR). PRENSA-CONGRESO El pedido al respecto fue planteado por el legislador Alberto Beingolea Delgado (PPC-APP), quien indicó que las pistolas, de marca Zigzower, fueron adquiridas al precio unitario de 450 dólares, cuando su precio real es de 330 dólares, según se precisó en un especio periodístico propalado en la noche de ayer domingo. Beingolea indicó, además, que las armas no eran de la calidad requerida por la policía peruana. PRENSA-CONGRESO |