El Congreso de la República acordó por unanimidad la creación del Sistema de Focalización de los programas sociales y de subsidios del Estado (SINAFO) destinado a identificar los criterios de personas, hogares o grupos habitacionales en situación de pobreza o de exclusión, a fin de identificarlos y afiliarlos y lograr así la asignación adecuada de los recursos públicos destinados a esos sectores.

El dictamen, que no mereció mayores cuestionamientos durante el debate conducido por el presidente del Parlamento, Luis Iberico Núñez, fue sustentado por el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Eduardo Nayap Kinin (NGP), y fue aprobado en primera votación con 79 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

El dictamen quedó expedito para su promulgación, al ser exonerado del requisito de segunda votación, esta vez con 82 votos a favor, ninguno en contra y una  abstención.

El SINAFO se orientará a reducir las brechas relacionadas con problemas o carencias que afectan el ejercicio ciudadano de los derechos económicos y sociales de las poblaciones más pobres y excluidas del país, y maximizar el impacto sobre la población objetivo de los programas sociales.

Se trata, en síntesis, de procurar la asignación adecuada de los recursos públicos y contribuir al cierre de brechas relativas a los problemas o carencias que los programas sociales buscan resolver. A tal efecto, empleará estándares de calidad y seguridad que, entre otros, contribuyan a la prevención de fraudes e inconsistencias en la información utilizada.

El proyecto dispone que formen parte del SINAFO el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), los programas y entidades a cargo de los programas en materia de desarrollo e inclusión social; los gobiernos regionales y locales, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y las personas naturales e instituciones que brinden información en el sistema de focalización.

El proyecto, que consta de 30 artículos y nueve disposiciones complementarias finales, detalla los procesos de focalización, planificación, certificación, afiliación y evaluación de los sectores beneficiarios; así como los instrumentos de focalización de usuarios, como son el Padrón General de Usuario (PGH) y los registros nacionales de usuarios (RNU) y de programas sociales, entre otros.

Igualmente, establece sanciones aplicables a los usuarios y potenciales usuarios, a terceros que intervengan en el sistema y a los funcionarios y servidores públicos. En el caso de estos últimos, según la gravedad de la falta, las sanciones pueden ser el cese temporal o suspensión sin goce de haber hasta por doce meses; y la destitución del cargo.

Se considerarán infracciones graves utilizar el SINAFO o sus instrumentos con fines políticos e económicos, en beneficio personal o de terceros,  y negar, impedir o entorpecer el acceso a los instrumentos que recogen la información directa de los potenciales usuarios, entre otras.

Serán consideradas infracciones muy graves la afiliación a los programas sociales a personas que no cumplan con los requisitos del caso; manipular, alterar o falsificar documentación o información a efecto de suplantar a una persona apta por otra que no cumple los requisitos; negar, impedir o entorpecer el ejercicio de los derechos de la población, y omitir la publicación de la lista de beneficiarios en internet y en espacios físicos disponibles u otros mecanismos que permitan a la población, en particular a las personas con discapacidad, su libre acceso y conocimiento.

Durante el debate, congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que el dictamen era una propuesta que buscaba dar una solución efectiva a los problemas de los sectores menores favorecidos del país. (JVS)

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PRENSA-CONGRESO

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