La Comisión de Fiscalización y Contraloría preside Gustavo Rondón Fudinaga (SN), inició sus investigaciones en torno a la presunta participación de personas naturales y jurídicas peruanas que podrían estar involucradas en delitos cometidos al amparo de la creación de empresas offshore, denunciadas por una investigación a nivel internacional denominada ‘Panama papers’.

Los primeros informes sobre el tema fueron proporcionados el miércoles 13 por el superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Víctor Martín Ramos Chávez, quien adelantó que ese organismo ha decidido investigar a la ciudadana Mónica Icaza de Clerc, en cuyo domicilio funcionaba una oficina del estudio panameño Mossack Fonseca, y que habría realizado diversas operaciones financieras inconsistentes, sin estar inscrita en el RUC (Registro Único del Contribuyente).

El titular de la SUNAT informó que también se está investigando a dos empresas, cuyos nombres no reveló. Agregó que se viene revisando la documentación incautada hace dos días en el domicilio de Icaza de Clerc, y explicó que la demora en intervenir esas oficinas se debió a que para ello se requería de una autorización judicial.

Paralelamente, se ha solicitado información sobre el caso a las autoridades judiciales de Panamá, pese a que no existe ningún acuerdo de intercambio de información con ese país, aunque expresó su esperanza de que el pedido sea atendido.

En ese sentido, propuso que el Perú se adhiera a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, lo que permitiría compartir información sobre recaudación de impuestos con 94 países del mundo, con miras a combatir la evasión y elusión fiscal.

“De esta manera, dijo, se podría intercambiar información tanto a solicitud como de manera automática y espontánea, así como realizar auditorías fiscales simultáneas en el Perú y en el extranjero”, dijo.

Refirió, además, que la SUNAT ha detectado a 1,424 contribuyentes con incremento patrimonial no justificado (IPNJ) por un 500 millones de soles provenientes del exterior; así como 57 casos de IPNJ con dinero proveniente de países de baja o nula imposición por un monto de 59.7 millones de soles.

Para informar sobre el mismo tema, la Comisión había citado al superintendente Adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque, pero este no acudió a la cita.

Caso Burga

En la sesión se presentaron también los hermanos Javier y María Luz Acha Portas, hermanos a su vez de María Elena Acha Puertas, esposa del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, investigado por la presunta comisión de irregularidades y lavado de activos en el ejercicio de su cargo, juntamente con otros funcionarios públicos.

Ambos hermanos fueron convocados en calidad de testigos para determinar sus vinculaciones de la FPF, y para justificar las propiedades inmobiliarias que poseen. Sobre el primer caso negaron todo vínculo o dependencia económica con la FPF, ni siquiera durante el tiempo que Manuel Burga ejerció su presidencia.

El primero de ellos refirió que sus propiedades provenían de la sociedad conyugal, a la que su esposa contribuyó con su herencia familiar; y su hermana explicó que su vivienda fue  construida con préstamos hipotecarios de bancos locales, en el 2000. (JVS) 

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