Con el propósito de detener el conflicto social surgido en el yacimiento cuprífero de Las Bambas (Apurímac), uno de los más importantes del país, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología citará, con carácter de urgencia, a los ministros de Energía y Minas, Ambiente y a los responsables de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.

Así lo informó la presidenta de ese grupo de trabajo, Leyla Chihuán Ramos (FP), después de escuchar las exposiciones de comuneros, representantes de la PCM y del viceministro de Minas, Guillermo Shino, en la sesión de hoy martes que se realizó en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

La parlamentaria fujimorista manifestó que esta convocatoria se realizará “en cualquier momento” porque los problemas sociales no pueden incrementarse y el momento no lo recomienda. “Estamos en un proceso electoral que debe desarrollarse normalmente y en paz social. No podemos alterar el orden”, expresó.

Dijo que desearía trasladarse a Apurímac, pero la gente puede distorsionar el propósito que tiene e interpretarlo como proselitismo político. Por ello, anunció que se reunirá con las autoridades competentes a fin de que se realice una mesa de diálogo y encontrar soluciones en forma inmediata.

Protesta de comuneros

Mariana Coropuna, presidenta de los comuneros apurimeños, informó en la comisión, que las comunidades aledañas a Cotabambas, que se dedican a la agricultura y a la ganadería, están totalmente en desacuerdo con el contrato suscrito con la empresa que explota Las Bambas y que continuamente están siendo reprimidos, injustificadamente, por las fuerzas del orden.

Señaló que hasta la fecha no han recibido ningún beneficio de la explotación cuprífera en la zona. Explicó que ante esta situación los comuneros han protestado y han tenido enfrentamientos con la policía, de los cuales, según dijo, hay muertos, heridos y detenidos.

“Por eso pedimos ayuda a la Comisión de Pueblos Andinos para que medie en el conflicto. También anunciamos que no nos vamos a mover de Lima y nos declararemos en huelga de hambre hasta que se solucione el problema que tenemos”, expresó en quechua, pero asistida por un intérprete.

Oficina de Diálogo

Por su parte, la congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP) cuestionó la inoperancia de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, dirigida por José Ávila Herrera, cuya inasistencia criticó duramente y señaló que los funcionarios públicos deben cumplir con sus funciones “porque para eso les pagan”.

Dirigiéndose al funcionario de apellido Montoya, quien asistió en reemplazo de Ávila, le recomendó que la institución que representa debería ser más responsable, teniendo en cuenta que es la encargada de encontrar solución a los conflictos. “Lo que está ocurriendo en Las Bambas me hace recordar lo ocurrido en el pozo petrolero 192 de Loreto. Es urgente que se solucione”, agregó.

Respeto a comunidades

El congresista César Yrupailla (NGP) dijo que le llamaba la atención que no se haya convocado a todos los sectores a la mesa de dialogo. “Creo que deberían estar todos los actores presentes. Es lamentable porque no se puede estar en esta crítica situación. El Perú tiene otra mira futura. El orden y el respeto tienen que estar presentes, tiene que imperar el respeto a las comunidades campesinas. El nuevo dialogo debe ser democrático y no debe existir abusos”, agregó.

Se cumple con comuneros

Por su parte, el viceministro de Minas afirmó que la mesa de diálogo que se desarrolla en Cotabambas desde el 2015, ha priorizado proyectos gubernamentales por una inversión que hasta el momento asciende a 403 millones de soles en los sectores que componen el espacio de diálogo.

Dijo que en la mesa de diálogo y desarrollo para el distrito de Chalcahuacho se estableció compromisos por más de 202 millones.  Agregó que para la provincia de Grau se ha priorizado la elaboración de proyectos de represamiento, riego tecnificado, forestación y reforestación, capacitación para el cultivo de productos agrícolas, el asfaltado de la vía de comunicación Abancay-Chuquibambilla-Chalcahuacho y gestionar la instalación de la agencia Agrobanco en Grau.

Comprobación      

De otro lado, Leyla Chihuán anunció que en cualquier momento de esta semana realizará una inspección inopinada a Huaycán para certificar las obras realizadas por el alcalde de Ate, Oscar Benavides, quien dijo que se ha invertido 104 millones en la Comunidad Autogestionaria de Huaycán.

            También le dijo a la representante de SERPAR, Gisela Salazar, que constatará si es cierto que las obras de infraestructura para el Programa Huaycán Verde se han culminado,  como se ha anunciado. (jon)

PRENSA-CONGRESO  

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