La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), en atención a un pedido efectuado por el congresista José Balcázar Zelada (PB), dejó en cuarto intermedio el debate y votación de, informe final de la Denuncia Constitucional nro. 219 contra el presidente Pedro Castillo Terrones.

Camones Soriano informó que se notificará oficialmente a los cuatro nuevos integrantes de la Subcomisión (aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del lunes 7) y se les alcanzará copias del video de la presente sesión y del informe final, de manera formal.

La Denuncia Constitucional 219 propone acusar por antejuicio político al presidente Pedro Castillo Terrones por infracción a la Constitución, por lo que se recomienda inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por cinco años, y también por ser autor del delito de traición a la patria.

De acuerdo con este documento, elaborado por el congresista Wilson Soto Palacios (AP) durante la anterior legislatura, y sustentado por el nuevo delegado, congresista Diego Bazán Calderón (Avanza País), Castillo Terrones infraccionó los artículos 32, 54, 110 y 118, en sus numerales 1, 2 y 11 de la Constitución Política.

Esto, señaló Bazán Calderón, “toda vez que no está permitido someter a referéndum los tratados internacionales, puesto que el territorio nacional es inalienable, inviolable”; además, “el presidente tiene la función de cumplir la Constitución y los tratados, y representar a la Nación”.

Asimismo, se le imputa a Pedro Castillo Terrones haber cometido el presunto delito de traición a la patria, como atentado a la integridad nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que condena al “que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma”.

En el presente caso, el denunciado en su condición de presidente de la República efectuó declaraciones que pondrían riesgo la soberanía e integridad territorial de la nación”.

La denuncia fue presentada el 1 de febrero del presente año por seis ciudadanos, y hecho suya por los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (RP); se motivó por las declaraciones emitidas por Castillo Terrones durante una entrevista ofrecida al periodista Fernando López del Rincón de la cadena internacional CNN los días 24 y 25 de enero.

En el informe final sustentado por Diego Bazán Calderón se precisa que esas declaraciones fueron en torno a una posible consulta al pueblo sobre la demanda de Bolivia de una salida hacia el mar. El mandatario dijo: “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”.

Durante el debate, José Balcázar Zelada (PB) sostuvo que cualquier juez rechazará esta denuncia, porque el delito concreto no se traduce en ninguna de las expresiones vertidas a la cadena CNN. Se trata de “un hecho fáctico que no calza en el artículo mencionado (325 del Código Penal). Cómo puede haber un delito, si no tiene un cómplice”, expresó.

Seguidamente, Ernesto Bustamante Donayre (FP) manifestó que “no se puede reducir esta denuncia a un tema jurídico, porque este es un tema constitucional, por la infracción del artículo 32 (de la Constitución) que precisa que no se puede someter a referéndum los tratados internacionales en vigor, porque el presidente está proponiendo un referéndum para cambiar las fronteras del país”.

Por su parte, Margot Palacios Huamán (PL) advirtió que no existe “un acto de Gobierno, puesto que el presidente solo emitió una opinión”, y trazó un comparativo con las decisiones de Alberto Fujimori y Alan García, “que sí firmaron convenios para entregar una salida al mar a Bolivia”.

A su turno, Hernando Guerra García Campos (FP) precisó que el artículo 325 del Código Penal precisa que “cuando existen actos dirigidos a someter a la República y nuestro mar es parte integrante del territorio, si alguien decide someterlo, está incurriendo en esto”. “Lo que el presidente declara es un acto jurídico”, precisó. “Esto está tipificado, y la argumentación está clarísima”, subrayó.

Luego, Alex Paredes Gonzales (BMCN) indicó que “las interpretaciones auténticas, de infausta recordación para el país, no le hacen bien al país”; mientras que Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN) dijo que “es posible denunciar a una persona por sus dichos que se realizan por campaña política o en un medio de comunicación”. “¿Cuántos colegas en campaña hemos realizado promesas que hasta el día de hoy el pueblo espera?”, agregó.

Participaron en el debate, los congresistas Hamlet Echevarría Rodríguez (PD), Waldemar Cerrón Rojas (PL), Noelia Herrera Medina (RP), Flavio Cruz Mamani (PL), Wilson Soto Palacios (AP), José Arriola Tueros (AP), Martha Moyano Delgado (FP) y Darwin Espinoza Vargas (AP).

OFICINA DE COMUNICACIONES