En su última sesión ordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano (bancada APP), evaluó dos informes de calificación vinculados a denuncias constitucionales contra altos funcionarios y exautoridades, en el marco del procedimiento parlamentario establecido por el Reglamento del Congreso.

IMPROCEDENTE

En primer turno, se vio el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la Denuncia Constitucional 721 contra el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Fue aprobado por unanimidad con 9 votos a favor.

Se le imputaba a Acuña la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal por no ordenar la transferencia de los fondos necesarios para efectivizar el pago de la bonificación al personal de la PNP establecido en el DL 1132 y el DS 293-2016-EF.

Este es un pago mensual por bonificación por alto riesgo a la vida dirigido al personal de la PNP y de las Fuerzas Armadas que prestan servicios en estado de emergencia.

Sin embargo, no se cumplen dos criterios: la persona que formula la denuncia no es la agraviada y los hechos denunciados no configuran como delitos.

El denunciante actúa en su condición de director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal Policial, el denunciante no señala con que acto, disposición el denunciado habría retardado hacer una transferencia de fondos.

Con relación al informe de calificación de la Denuncia Constitucional 716 contra la exministra de Educación, María Cuadros, no se llegó a un acuerdo dado que la votación fue 4 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

AUDIENCIA

Siguiendo con la agenda, también se llevó a cabo la audiencia de la Denuncia Constitucional 375 formulada contra los congresistas Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara Mendoza, Dharwin Espinoza Vargas por la posible comisión del delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

La defensa técnica de los parlamentarios indicó que la admisión a trámite adolece de vicios de nulidad insalvables, dado que la subcomisión ya emitió un pronunciamiento definitivo sobre tráfico de influencias agravado mediante la Denuncia Constitucional 300 la cual fue archivada formalmente por el Pleno del Congreso mediante resolución legislativa.

BALANCE DE GESTIÓN

Antes de concluir la sesión, Camones Soriano presentó el balance de este grupo de trabajo correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

Al respecto, señaló que han administrado cerca de 287 denuncias constitucionales.

Solo en el periodo 2025-2026 lograron concluir más de 170 expedientes alcanzando un aproximado de más del 60 % de avance de la caga procedimental.

Se aprobaron 145 informes de calificación y se emitieron 15 informes finales.

“En el último año, hemos realizado por lo menos 18 audiencias, 34 sesiones de trabajo consolidando de esta manera una gestión orientada, sobre todo, a reducir la carga procedimental, sin que ello haya significado sacrifica el rigor jurídico ni mucho menos las garantías del debido proceso”, refirió.

No obstante, Camones Soriano consideró que más allá de las cifras, el mayor logro ha sido fortalecer una cultura institucional basada en el respeto a nuestra legalidad.

“Detrás de cada denuncia han existido personas, instituciones y mucha expectativa ciudadana, por ello nunca perdimos de vista que presidir la subcomisión exige prudencia, imparcialidad, criterio político y sobre todo una responsabilidad democrática”, concluyó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL