Cada día que pasa sin que la Ley 31458 -que reconoce la labor de las ollas comunes a nivel nacional- sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, miles de familias de escasos recursos sufren porque no pueden tener el financiamiento estatal que autoriza la norma para asegurar un pan en la mesa.

Hay que advertir que la Ley 31458 fue impulsada y aprobada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento el pasado 8 de abril, y se le concedió un plazo de 30 días hábiles al Poder Ejecutivo para que dicte el correspondiente reglamento, para que sus beneficios sean inmediatamente vigentes.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno sigue sin aprobar el reglamento de la ley, más aún cuando apenas faltan nueve días hábiles para que se venza el plazo concedido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con esa finalidad.

Entretanto, las miles de madres de familia que forman parte de las ollas comunes siguen sin saber a cuánto ascenderá el presupuesto con el cual contarán para seguir funcionando.

Según los registros oficiales a nivel nacional hay más de 3 500 ollas comunes, de las cuales 2 442 están en Lima y hay varias nuevas organizaciones que están en trámite.

OFICINA DE COMUNICACIONES