La Comisión de Fiscalización y Contraloría -que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP)- aprobó por unanimidad (13 votos) el dictamen que propone la ley que crea el registro para el control de contratos de consultorías en el Estado.

Fue, el viernes 27, durante la sesión ordinaria que llevó a cabo el grupo de trabajo, a la que también asistieron Silvia Barrera Vásquez, exalcaldesa de Villa María del Triunfo y Vicente Tiburcio Orbezo, excomandante General de la PNP, quienes respondieron sobre la investigación parlamentaria sobre el caso Sarratea.

El titular del grupo de trabajo sustentó la iniciativa legislativa y dijo que la misma tiene por finalidad impulsar la transparencia y la rendición de cuenta en las entidades del Estado.

Indica que se crea en la Contraloría General de la República el registro para el control de contratos de consultorías en el Estado, en el cual se consignará la información de los servicios de consultoría, asesoría, estudios técnicos, superiores, proyectos, investigaciones, auditorias, diseños e inspecciones similares que realizan personas naturales o jurídicas, sea cualfuese la modalidad de contratación.

Asimismo, la futura ley precisa que no se consignará en el registro información confidencial o reservada, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Transparencia.

La Contraloría General de la Repúbica tendrá la obligación de «crear, administrar, dar acceso y capacitar al personal responsable de alimentar el registro creado, publicarlo en su portal web institucional y supervisar y controlar el registro para el control de contratos de consultorías en el Estado».

Ventura Ángel, agregó que las entidades de la administración pública –a través del responsable del portal de transparencia o quien haga sus veces- serán las encargadas de actualizar el registro, y se dispone que el contralor deberá informar anualmente ante la Comisión de Fiscalización sobre sus acciones de control respecto de las consultorías del Estado.

“Esta norma será una herramienta valiosa para coadyuvar a la transparencia en la gestión de la administración publica en la lucha contra la corrupción”, dijo.

CASO SARRATEA

La primera en brindar su manifestación ante ese grupo de trabajo fue la exalcalodesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, quien ratificó que sí acompañó al exsecretario general de la presidencia de la República, Bruno Pacheco a Palacio de Gobierno antes de que asuma el cargo.

Indica que lo asesoraba y ayudaba a Pacheco dándole consejos desde la segunda vuelta de la campaña electoral, porque admitió que aspiraba acceder a algún cargo en el gobierno en razón que contaba con experiencia en gestión pública.

Ante la pregunta de la congresista Magaly Ruiz, quien le pidió detalles de su ingreso a Palacio de Gobierno, respondió que permaneció en una sola por unos cinco minutos y en donde estuvo una sola persona que no recuerda quien es.

Agrega que nunca se ha reunido con el presidente Pedro Castillo en funciones, pero aseveró que sí asistió a una reunión en la que participaba el mandatario, porque fue invitada a una exposición como líder de una institución de la Sociedad Nacional de Industrias. “Me sentaron en una mesa de honor, le hice una pregunta en público, delante de 600 personas”, señaló.

El congresista Ventura preguntó a la exalcaldesa sobre el Grupo Delton, y ella no respondió porque dijo que se trata de un caso reservado y sus respuestas sobre el particular fueron dadas ante el Ministerio Público.

Se le consultó si la investigada Karelim López participó en la reunión de noviembre de 2021 en Palacio de Gobierno, y la exalcaldesa dijo que se remite a sus respuestas dadas en su calidad de testigo e investigada.

Luego, se presentó ante la Comisión de Fiscalización el excomandante general de la Policía Nacional, Vicente Tiburcio Orbezo, quien informó que fue el entonces ministro del Interior, Alfonso Chàvarry quien le comunica su remoción en el cargo por un tema de confianza.

“No puede ser que un comando que está haciendo bien las cosas, sea cesado del cargo”, dijo.

El parlamentario Ventura Ángel le preguntó acerca de las medidas que dispuso para la pronta captura del sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez y del exsecretario genreal Pacheco y afirmó que en ningún momento recibió alguna orden para variar la orden de captura.

«Se hizo de todo. Ambos fueron incorporados en la lista de los más buscados. Tenía que realizar mi trabajo como debe ser. No debe existir privilegios para nadie. La ley está hecha para todos», dijo.

OFICINA DE COMUNICACIONES