Parlamentarios integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tuvieron opiniones en contra y a favor del Decreto Supremo N.° 015- 2021-JUS, que permite el traslado de los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

La primera en intervenir fue la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (JP), quien señaló que es fundamental que el ministro haya esclarecido el decreto supremo. «No es ilegal el traslado que está desarrollando, esto obedece a un convenio. Y se están realizando las consideraciones de seguridad y creo que esto es lo fundamental», señaló.

Por su parte, la congresista Susel Paredes Piqué (SP-PM) indicó que Montesinos habría incumplido una serie de medidas con acciones de indisciplina. «¿Cuánto le cuesta al Estado mantenerlo en la Marina y qué privilegios tenía en la Base Naval del Callao? Si este cambio va a garantizar que va a ser tratado como un reo cualquiera, bienvenido», afirmó.

A su turno, el parlamentario Alejandro Cavero Alva, de la bancada de Avanza País, se preguntó sobre qué garantía existe bajo el régimen penitenciario del INPE para que no siga con los beneficios ya conocidos. “¿Qué nos va a garantizar que no tenga privilegios?, si dentro del penal se ha comprobado que existen extorsiones que son dirigidas dentro del penal», señaló.

A su turno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se presentó ante la Comisión de Justicia; esta vez presidida por la parlamentaria Gladys Echaiz De Núñez Izaga de la bancada de Alianza Para el Progreso.

Torres fue citado con carácter de urgencia para explicar las razones por las que aprobó un decreto supremo que permite el traslado de reclusos de la Base Naval del Callao.

El ministro de Justicia aseveró que el decreto no es nuevo, sino que se ha venido tramitando desde antes y lo que se ha hecho es concretarlo en la publicación del diario El Peruano.
Explicó que modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo 015-2003-JUS.

También, reveló que el Decreto Supremo 024-2001-JUS, en su disposición, establece que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa podrán celebrar, con participación del Instituto Nacional Penitenciario y la Marina de Guerra del Perú, convenios de cooperación interinstitucional relacionados con la administración del CEREC, regulación de régimen de vida y tratamiento, y el desarrollo de las acciones de tratamiento de los internos recluidos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

Asimismo, señaló que se suscribió una última renovación del convenio el 7 de enero del 2019, en la que se plantea que el INPE deberá trasladar el íntegro de los internos que se encuentren recluidos en el CEREC en un plazo que vence el 9 de enero 2022, y que por estas razones el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa estuvieron preocupados por trasladar a los internos.

Respecto al procesado Vladimiro Montesinos, aseveró que ha sido traslado a Ancón I, que es de extrema seguridad, y que tiene un régimen cerrado especial de seguridad basado en reglas de vigilancia estricta, que estarán a cargo del grupo de operaciones especiales (grupo de élite de seguridad dentro del INPE).

También, estará sujeto a una estricta seguridad, ya que habrá cámaras de vigilancia interconectadas y monitoreadas desde la dirección del penal y desde la sede central del INPE en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

OFICINA DE COMUNICACIONES