Congresistas de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de una verdadera y justa clasificación socioeconómica de la población con la finalidad de que los programas sociales que brinda el Estado puedan llegar a los que verdaderamente lo necesitan, en el marco de la declaratoria de emergencia por el coronavirus.

Fue el lunes 15 en la sesión de la Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houghton (PM), a la que asistió como invitada la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas Winstanley, quien informó sobre las acciones que se adoptaron para el desarrollo de programas sociales a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza durante el confinamiento desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero.

La legisladora María Isabel Bartolo Romero (NC) señaló que existe una gran preocupación en diversas regiones del país en cuanto a categorización y focalización de hogares, pues muchos de los pobladores de extrema pobreza no están siendo considerados en los programas sociales.

Por eso, solicitó que se haga un estudio exhaustivo a fin de que aquellas personas que aún no cuentan con la entrega de esos servicios puedan ser consideradas dentro de la población vulnerable de extrema pobreza.

“No existe una clasificación socioeconómica actualizada de la población. Hay algunos lugares sobre todo en provincias que aún no han sido mapeados adecuadamente y, por ende, no hay asistencia de esos programas sociales. La provincia Antonio Raimondi y el distrito de Ocros en Huánuco son zonas donde existe población de extrema pobreza y no les llega ningún tipo de ayuda, por eso, es necesario una reclasificación”, manifestó.

El congresista Raúl Machaca Mamani (Freapap) dijo que los lugares altoandinos de Tacna y en las comunidades campesinas del distrito de Malca, la distribución de los alimentos no ha sido equitativo. Agregó que a algunos les ha llegado en menor cantidad perjudicando a decenas de niños de ese lugar que viven en situación de extrema pobreza.

Por su parte, la legisladora Mónica Saavedra Ocharán (AP) precisó que hasta su despacho ha llegado el pedido de muchas ollas comunes que indican no recibir ayuda ni apoyo del Estado.

“Sabemos que todas las semanas se crean nuevas ollas comunes, porque cada vez más personas cuentan con menos recursos para sus alimentos, sin embargo, es importante que se nos informe cómo se administra este tipo de apoyo a las ollas comunes”, dijo.

Agregó que se debe informar además el incremento de nuevos beneficiarios en cada uno de los programas y cómo es la clasificación para la distribución de alimentos o algún otro beneficio que brinda el Estado.

En tanto, Julia Ayquipa Torres (Frepap) solicitó apoyo para la región Ica. Dijo que en el desarrollo de su Semana de Representación ha podido constatar que el sector Paraya en Ica se encuentra aislado, debido al desborde del rio Ica que ha traído abajo el único puente que conectaba con la ciudad.

La parlamentaria Lusmila Pérez Espíritu (APP) manifestó que las viviendas y familias de extrema pobreza no están siendo beneficiadas con los programas sociales, ello debido a que el trabajo de las municipalidades encargados del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) no son las más adecuadas.

En razón a ello, pidió que desde el Midis se hagan las coordinaciones necesarias para que los pobladores de la provincia de Leoncio Prado en Huánuco puedan recibir ayuda del Gobierno.

“Hay familias, ancianos de Pensión 65 que no están recibiendo ningún apoyo, por eso, es importante hacer las coordinaciones con los once alcaldes de las provincias para mejorar esta situación”, plateó.

DESDE EL MIDIS

Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) señaló que el presupuesto de su sector equivale a aproximadamente cinco mil millones de soles al año, de ello entre tres a cuatros millones van destinados a los programas sociales, de los cuales los que tienen mayor presupuesto son Qali Warma, Pensión 65 y Juntos.

Precisó que, en el marco de la emergencia, el programa Pensión 65 ha recibido un presupuesto adicional que corresponde a más de 2400 millones de soles, para la implementación del Bono 600.

Además, un incentivo excepcional dirigido a los hogares en mayor vulnerabilidad de las regiones y/o provincias que han sido declaradas en situación de alerta extrema y que fueron parte de esta estrategia de confinamiento focalizado de hace algunas semanas.

Silvana Vargas señaló que la ejecución regular del programa Midis está garantizada a los niños que están escolarizados en las distintas modalidades de enseñanza en nuestro país.

“Hoy que inicia el año escolar y Qali Warma ha realizado todos los procesos para garantizar la alimentación y provisión de alimentos a todas las escuelas públicas del país. En ningún caso existe riesgo de que los alimentos no se entreguen, esto independientemente de la modalidad de enseñanza que se lleve a cabo, es decir, si los niños van presencialmente o de manera remota recibirán de todas maneras sus alimentos”, refirió.

Con respecto a las intervenciones temporales, señaló que su sector, el año pasado, activó la modalidad de intervención temporal de dos programas que son Cuna Mas y Juntos. Cuna más lo que hace es adaptar de inmediato la modalidad de acompañamiento a los hogares con niños más pequeños.

“Son más de 76 700 los niños que son acogidos bajo esta modalidad temporal que es adicional a la cobertura regular del programa tanto a través de su modalidad de acompañamiento familiar como del servicio del cuidado diurno”, explicó.

Finalmente, el grupo de trabajo aprobó por mayoría solicitar consulta al Ministerio de Salud sobre el predictamen del proyecto de ley de Identidad de Género.

La propuesta tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar los derechos de todas las personas, el reconocimiento a su identidad de género libremente manifestada.

Lima, 15 de marzo de 2021

PRENSA-CONGRESO