Por mayoría, la Comisión de Economía aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5569, 5648 y 6072, que buscan modificar diversos artículos de la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo de Loreto.
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que realizó, el miércoles 3, el grupo de trabajo dirigido por su presidente, el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP).

Se trata de las propuestas legislativas presentadas por los congresistas Leonardo Inga (Acción Popular), Fernando Meléndez (Alianza Para el Progreso) y Luz Carguaray (Frepap), que tienen por objeto modificar el alcance, así como precisar el uso de los recursos de la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto, a fin de generar una mayor eficacia de las acciones de Gobierno y ampliar el impacto positivo en el desarrollo competitivo de dicha región, priorizando las zonas con mayor índice de pobreza.

En la sesión, se votó, en primer lugar, el texto íntegro sin incluir el artículo 5, el cual alcanzó diez (10) votos a favor. En segundo lugar, se consultó la inclusión del artículo 5, referido a la derogación de los artículos 7 y 8 de la Ley 30897, Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto, el cual consiguió ocho (8) votos a favor.

Para tratar este tema asistió, a la sesión virtual, el gerente general del Gobierno Regional de Loreto, Manuel Noriega, quien dijo que la proyectada norma causaría un tremendo daño a la región. Detalló que, si se destina el 70 % a infraestructura de conectividad, se estaría limitando la inversión en educación, salud, turismo y proyectos productivos y observó que no debe excluirse el fondo de fideicomiso para educación y salud.

“El 93 % y 98 % de infraestructura y equipamiento de locales educativos (inicial, primaria, secundaria y técnica) están en mal estado. El 77 % de la infraestructura y equipamiento de los centros de salud se encuentran en mal estado. El 96 % de los laboratorios no tienen capacidad adecuada para diagnostico oportuno de enfermedades y Loreto es una región con enfermedades endémicas”, sostuvo.

Además, –dijo– “rechazamos totalmente la intención de eliminar la capacidad de endeudamiento (…) atenta contra el objeto de la ley, que es incrementar la inversión pública, limitándola solo a recibir 270 millones de soles al año, que es poco para superar la inmensa brecha que tiene Loreto”, precisó

Al respecto, el congresista Fernando Meléndez (APP) dijo que ley actual ha permitido altos niveles de corrupción en las obras efectuadas con fondos del fideicomiso y observó que atender necesidades de educación y salud es prioridad del Estado, no es la naturaleza de este fondo de inversión

A su turno, Leonardo Inga (AP) rechazó la afirmación que señala que este proyecto es un atentado contra la región, pues lo que Loreto necesita es “generar su desarrollo económico sostenible y eso se logra a través de la integración con vías de comunicación y así generar el desarrollo de las comunidades”, dijo.

Por su parte, César Gonzales Tuanama (DD) explicó “que es importante, de una vez, que se apruebe este proyecto, porque se beneficiaría a mi región Ucayali, porque el desarrollo empieza con la integración de los pueblos. Toda norma al 100 % no va a caer bien para todos, peor si son intereses corruptos y ni siquiera va a beneficiar a la población. El desarrollo de los pueblos no se debe paralizar por ciertos interese oscuros”, dijo.

Miguel Vivanco (FP) observó, en el debate, que existe un tema netamente político en lugar del tema de necesidad pública. “Se tiene que dar prioridad en las necesidades de nuestros hermanos de Loreto”, señaló.

En otro momento, fue aprobado el dictamen recaído en el PL 5359, que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de obras de agua y alcantarillado en la región San Martín.

EN SESIÓN PERMANENTE
Con once (11) votos a favor, la comisión aprobó declararse en sesión permanente para tratar los proyectos de ley referidos a la liberación de fondos de AFP activos.

Sobre este tema en la sesión, el congresista José Luna Morales (PP) sustentó el PL 7085, que propone la Ley que faculta el retiro de los fondos de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19, por un monto de hasta dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT) del total de los fondos acumulados.

Por su parte, la congresista Cecilia García (PP) sustentó el PL 6693, que propone autorizar a todo afiliado al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar de manera facultativa hasta diez (10) UIT para proteger la salud y aliviar la economía familiar golpeada por la crisis económica generada por el brote del coronavirus.

Así también, la legisladora María Cespedes Cárdenas (Frepap) sustentó el PL 6763, Ley que promueve el retiro facultativo de dos (2) UIT de los afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones.

Sobre este tema participaron en la sesión funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Asociación de AFP.

Para Elio Sánchez, superintendente adjunto de la SBS, la proyectada norma sería innecesaria, porque mediante decreto de urgencia y leyes se ha venido entregando el fondo de pensiones y aún se encuentra en proceso el retiro extraordinario de la Ley 31068. “Es dañino, porque reduce el número de peruanos que tendrán una pensión de jubilación y disminuye las pensiones de muchos otros exponiendo peruanos a la pobreza en la vejez”, agregó.

El representante del MEF coincidió en que aún hay leyes vigentes a las que se están acogiendo los afiliados. “Lo que si tenemos claro es que existe un grupo de personas afiliadas al sistema privado de pensiones que requiere de apoyo para enfrentar la pandemia y el reto del Congreso es focalizar el retiro para los más afectados y no hacer retiros indiscriminados que agravan el problema a largo plazo”, dijo.

Para Adrián Armas, representante del BCR, el sistema de pensiones requiere una reforma integral que permita fortalecer el ahorro previsional para la vejez y dijo que las propuestas legislativas van en sentido contrario. Explicó que los retiros de fondos de los últimos años han afectado negativamente al sistema de pensiones, lo que significa que muchos ciudadanos no tendrán acceso a los recursos adecuados para tener una vejez digna y subrayó que estos fondos no deben ser usados para fines distintos a los de la jubilación.

Por su parte, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, recomendó buscar una medida mucho más focalizada que atienda la necesidad especifica de la población.

El congresista Miguel Vivanco (FP) preguntó cuál sería la consecuencia y el futuro de jubilación de los miles de aportantes que van a retirar el 100 % de sus aportes; en tanto que José Núñez Salas (PM) planteó encontrar un camino viable y no negarse solo por negarse, porque hay gente mayor de 50 años que están fuera del sistema y están preocupados por su situación.

El presidente de la comisión adelantó que el próximo lunes realizarán una sesión extraordinaria para debatir y votar el tema.

LIBERACIÓN DE FONDOS CTS
En otro momento, el congresista Johan Flores sustentó el PL 4924, Ley que establece la libre disponibilidad del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores de las entidades públicas y privadas, por motivo del estado de emergencia nacional a consecuencia de la expansión de la COVID-19

Para tratar este tema participaron en la sesión funcionarios del MEF y de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y de las AFP.
Para el MEF, la proyectada norma está enfocada en una población que no necesariamente es la más vulnerable, por tanto, sería un proyecto enfocado en las minorías y no en las mayorías con empleo formal; además se estaría desnaturalizando la razón de ser de la CTS que protege al trabajador ante una contingencia de desempleo y podría ser peligroso para el trabajador.

Para la SBS, el retiro del 100 % del depósito de CTS afectaría la estabilidad del sistema financiero al impactar de manera sustancial en la liquidez de varias instituciones financieras. Es así que ocho entidades registrarían ratios de liquidez en moneda nacional menores a los requeridos regulatoriamente, inclusive en cinco entidades los montos de CTS son mayores a sus activos líquidos.
En su intervención, el congresista Johan Flores Villegas (PP) dijo no estar de acuerdo con la posición de los funcionarios del Ejecutivo.