Gracias a la Ley N.° 31050, Ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las mypes como consecuencia de la COVID-19, se han logrado beneficiar casi once mil clientes del sistema financiero.

Así lo señaló el funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, quien participó en la sesión virtual que realizó, este miércoles 10, la comisión respectiva del Congreso con la conducción de su presidente Anthony Novoa Cruzado (AP).

El funcionario detalló que, con la norma aprobada por el Congreso el año pasado, se han logrado beneficiar 10 888 deudores del sistema financiero y se reprogramaron 11 104 créditos. Asimismo, se contempló la reducción del costo del crédito (de 15 % a 25 %), con plazos de reprogramación de hasta tres años, con períodos de gracia mínimo de seis meses y de nueve meses para hipotecarios.

“Hasta el momento hay 22 instituciones del sistema financiero que ya han firmado contrato con Cofide para obtener la garantía del Gobierno nacional”, informó Graham.

Precisó que entre las entidades financieras que han firmado el convenio para acogerse a la ley están los bancos de Crédito, Santander, Azteca, BBVA Continental y la financiera Ripley. “Los bancos tiene sus propios programas de reprogramación. Si el banco les da un plazo más largo y le da mejores condiciones al cliente, en buena hora”, observó.

Dijo que, debido a la nueva variante del coronavirus, que genera un mayor impacto en clientes vulnerables, el Gobierno dispuso la ampliación hasta el 31 de marzo de 2021 del plazo de acogimiento al Programa de Garantías COVID-19, lo cual permitirá que potenciales beneficiarios cuenten con mayor tiempo para la presentación de solicitudes de acogimiento.

En su intervención, el congresista Ricardo Burga (AP) observó que “Cofide no ha podido realizar ni un solo Reactiva, porque no cuenta con personal, solo tiene 132 trabajadores. No va a poder chequear los créditos, es inviable que lo haga, porque no tiene recursos humanos y porque no hay voluntad política”, dijo.

A su turno, el congresista Juan de Dios Huamán Champi (Frepap) dijo que en la región Cusco –a la que representa– está la Caja Cusco y otras cooperativas que no son consideradas en esta ley. “Es necesario poner mano dura a cooperativas y bancos que están haciendo llorar a mucha gente de mi región con amenazas de que van a informar para que los deudores no puedan ser sujetos de créditos por otras entidades”, dijo.

En respuesta al legislador, el funcionario del MEF dijo que el Congreso ha hecho el esfuerzo en plantear esta garantía y el Ejecutivo en dar esta para el consumidor más vulnerable.

“El programa no está diseñado para que ganen las entidades, sino para beneficiar al consumidor. Participan las entidades financieras que quieran beneficiar a sus clientes”, agregó.

A su turno, la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas (Frepap) observó que el problema se da, porque los bancos no vienen acogiéndose a este programa para permitir la reprogramación de las deudas de sus clientes. “Las entidades respectivas deben poner mano dura para que esto se cumpla”, sentenció.

“Lo importante es que se está dando el salvavidas necesario para que el usuario pueda acogerse a los beneficios de la ley o pueda obtener los beneficios previstos en el contrato con su entidad financiera” dijo, por su parte, el presidente de la comisión, Anthony Novoa.

RESCATE DE MYPES Y PYMES

En esa misma línea de apoyo, frente al impacto de la pandemia, el congresista Luis Roel Alva (Acción Popular) expuso los detalles del PL 6276 /2020-CR, Ley que establece medidas de emergencia para el rescate y salvación de las mypes y pymes.

El parlamentario dijo que se busca declarar en emergencia ese sector y se dispone una serie de medidas. “La obligación de las instituciones del Estado de programar no menos del 40 % de sus contrataciones para ser atendidos por las mypes y pymes en aquellos bienes y servicios que estas puedan suministrar, a través de manufactura directa, y se apliquen a todas las contrataciones directas y programas de reactivación económica y del empleo en el marco del combate a la COVID-19, incluidos los núcleos ejecutores de compra existente o por crearse”, dijo el legislador.

También, se plantea aumentar por un periodo de tres años al 60 %, en el que todas las contrataciones de las entidades públicas deberán ser atendidas por las mypes y pymes a aquellos bienes y servicios que estas puedan suministrar a través de manufactura directa y/o producción directa.

Asimismo, disponer que por un periodo de tres años en el que la Sunat otorgue facilidades extraordinarias a las mypes y pymes para el otorgamiento de fraccionamientos de deuda tributaria, y finalmente disponer por un periodo de tres años el 60 % para que todas las contrataciones bajo el sistema de bolsa de productos de las entidades públicas puedan ser atendidas por las mypes y pymes en aquellos bienes y servicios que puedan suministrar.

Al respecto, el congresista Ricardo Burga dijo que el problema de las mypes es la falta de liquidez. “Que el Gobierno cumpla con los pagos y no lo haga después de un mes. Si dejan de recibir el dinero en 15 días no van a sobrevivir en plena pandemia”, dijo el legislador al tiempo de recomendar que “tenemos que suspender por cuatro meses el pago de IGV a las mypes”.

Por su parte, la congresista Milagros Carhuaray Gambini (del Frepap) expuso el PL 4898/2020-CR, Ley que establece medidas de apoyo al trabajador durante la vigencia del estado de emergencia por pandemia a cargo del congresista.

Dijo que la iniciativa plantea que se autorice a los trabajadores comprendidos en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, por el tiempo decretado como estado de emergencia hasta 15 días después de su término, a disponer libremente del 100 % del excedente de dos remuneraciones brutas de los depósitos de CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

“Lo que se busca que los trabajadores puedan afrontar esta nueva realidad mundial. No solo se ha perdido el trabajo, sino que también hay que afrontar deudas de salud”, agregó la legisladora.

También, se realizó la exposición del PL 6767/2020-CR Ley que modifica la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, a cargo del congresista Marco Verde Heidenger de Alianza Para el Progreso.

“El tema es que, en otro tipo de servicios, aunque el domicilio fiscal de las empresas que prestan servicios en parte de selva sí están siendo exceptuados de IGV y en caso de las empresas eléctricas no ocurre lo mismo, por eso, el reclamo de la población”, dijo el legislador.

Así también, el congresista José Antonio Núñez Salas del Partido Morado sustentó el PL 6013/ 2020-CR, Ley que faculta al Banco de la Nación a incorporarse al sistema financiero nacional.

“Permitiría acceder a la población más alejada a créditos en mejores condiciones. El que el Banco de la Nación pase a competir con la banca privada va a permitir que pueda expedir tarjetas de créditos, créditos a las pequeñas y medianas empresas, entre otros, al incorporarse al mercado financiero se podrá mejorar la situación de todos los peruanos”, concluyó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

El congresista Anthony Novoa anunció que el próximo lunes 15 se realizará una sesión extraordinaria para continuar el debate del predictamen recaído en los PL 5569/2020-CR, 5648/2020-CR y 6072/2020-CR, Ley que modifica la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto. Se invitará al gobernador regional de Loreto para que opine al respecto y se continúe el debate que se inició en la fecha.

En la sesión extraordinaria también se incluirá al PL 6863/2020-CR, Ley que Regula el Procedimiento Concursal de Apoyo a la Actividad Futbolística del Perú, presentado por el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), quien pidió que sea visto a la brevedad posible por ser un tema urgente.

OFICINA DE COMUNICACIONES