La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en forma unánime, acusar al ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, y a dos exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la presunta comisión del delito de organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Los exconsejeros acusados son Sergio Yván Noguera y Guido César Águila Grados, el primero acusado también de cohecho activo específico.

A Hinostroza Pariachi además se le acusa de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias, tipificados en los artículos, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.

El caso de los otros dos exmagistrados Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites será visto en una próxima fecha por no presentar sus descargos ante la ausencia de sus abogados. Ambos son acusados de pertenecer a la organización criminal. Además, a Gutiérrez Pebe también se lo imputa el delito de patrocinio ilegal.

El informe final de la Denuncia Constitucional N.° 247 fue elaborado por la congresista María Retamozo Lezama (Frepap), quien sostuvo que existen los elementos necesarios para que la Fiscalía y el Poder Judicial continúen la investigación.

Retamozo Lezama se encargó del recuento del proceso y de sustentar las conclusiones y recomendaciones del caso.

A propuesta del titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, se incluyó en la Subcomisión Acusadora al congresista Otto Guibovich Arteaga (AP).

Ello en cumplimiento al inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso que señala que “si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso”.

INFORME

Retamozo Lezama tomó 25 minutos para exponer el contenido del informe final, en el que señala que la supuesta organización criminal habría sido creada para cometer delitos contra la administración pública mediante el nombramiento y la ratificación de jueces y fiscales que les asegure el manejo irregular de los procesos judiciales en los diferentes niveles de la administración de justicia.

“En dicho esquema habría sido imprescindible la participación de los consejeros del CNM, así como del expresidente de la Corte de Justicia del Callao”, indicó. Además, señaló que habrían actuado en tres redes, integradas por personas que realizaban labores administrativas, por abogados, empresarios y personas afines a esa organización, además de altos funcionarios del Estado”.

Precisó que César Hinostroza Pariachi está denunciado por ser parte de esta organización (artículo 317 del Código Penal); cohecho pasivo específico (395); cohecho activo específico (398), patrocinio ilegal (385) y tráfico de influencias (400).

Retamozo se refirió a los beneficios económicos que recibió el ex juez supremo a cambio de favorecer a Edwin Oviedo Picchotito en el proceso denominado “Los Wachiturros”. También, por supuestamente haber gestionado y coordinado con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la designación de Maico Reyner Fernández Morales como juez supernumerario, entre otros hechos, los cuales configuran delitos.

En forma virtual, Hinostroza Pariachi, Noguera Ramos y Águila Grados tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Coincidieron en señalar que no existen los elementos necesarios de la configuración del delito de pertenecer a la organización criminal; que no hay previsión y claridad en la manera en que intervinieron en los supuestos nombramientos y ratificaciones.

Asimismo, afirmaron que los audios presentados como pruebas no denotan conductas ilegales y que lo dicho por los supuestos testigos no ha sido corroborado con pruebas.

Durante el debate, la congresista Martha Chávez Cossío (FP) dijo que se debe resguardar el principio de defensa y tener criterio amplio cuando se hace un informe, y tomar en cuenta los argumentos de defensa de los acusados

En diferentes tonos, la congresista Cecilia García Rodríguez (PP), Gino Costa Santolalla (PM), José Luis Ancalle
Gutiérrez (FA), César Gonzales Tuanama (DD) y Otto Guibovich Arteaga (AP) coincidieron en señalar que el Congreso no obstaculizará un proceso de investigación que le corresponde realizar al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Retamozo Lezama aclaró que será en esas instancias en las que los acusados deberán hacer su defensa jurídica y que al Congreso solo le corresponde dar vía libre para que las instancias correspondientes cumplan con su misión.

PRENSA-CONGRESO