El Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, el proyecto de ley que precisa los alcances de la Ley N.° 28972, observado por el Poder Ejecutivo, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a escala nacional, excepto en Lima y Callao.
Durante el debate, se dio a conocer que la norma precisa que los automóviles, a los que se refiere la Ley N.° 28972, son los de la clasificación vehicular M1 (con carrocería sedán o station wagon) establecida por el Decreto Supremo N.° 058-2003-MTC.

En los alcances de la norma, se incluye a las unidades de clasificación M2 para zonas rurales y urbanas (también establecido por el Decreto Supremo 058), que son vehículos con más de ocho (8) plazas, excluida la del conductor, cuya masa máxima no supere las cinco toneladas, diseñados y fabricados para transporte de pasajeros.

La norma precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizará el servicio de transporte de pasajeros en automóvil colectivo en los ámbitos: nacional e interregional, entre ciudades de provincias ubicadas en distintas regiones.

Los gobiernos regionales y locales autorizarán el servicio en los ámbitos: interprovincial e interdistrital, entre provincias y distritos ubicados en una misma región.

Al respecto, el congresista Luis Simeón Hurtado (AP), presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, refirió que los vehículos de clasificación M1 y M2 autorizados deben cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad que se establezcan en el reglamento de la ley y fijen las autoridades competentes.

“La ley establece también una disposición transitoria en la que se precisa que la prestación del servicio se debe realizar cumpliendo los lineamientos de bioseguridad frente a la COVID-19. Por lo tanto, deberán seguir los lineamientos emitidos por el Ministerio Salud (Minsa), los protocolos sanitarios sectoriales del MTC y con los planes de vigilancia y control frente al coronavirus, en tanto se encuentren vigentes”,
manifestó el titular de la Comisión de Transportes

Mientras, Yessica Apaza Quispe (UPP) expresó su respaldo a la iniciativa que favorecería a 150 mil personas que se dedican a la actividad a escala nacional.

“Gran parte de ellos son exagricultores y excomerciantes en las provincias que no han podido seguir en sus actividades y ahora se dedican al transporte de pasajeros”, agregó.

Los parlamentarios Juan Huamán Champi (Frepap), Felicita Tocto Guerrero (DD), Robertina Santillana (APP), José Núñez (Contra), Mariano Yupanqui Miñano (DD), y Fernando Meléndez Celis (APP) coincidieron en exhortar al Poder Ejecutivo que, una vez que se apruebe el dictamen de insistencia, sea reglamentado para su aplicación.

Los legisladores Moisés Gonzales Cruz (NA) y Enrique Fernández Chacón (FA) estuvieron a favor de dar la oportunidad a los trabajadores de las carreteras, cumpliendo las normas y recomendaciones al respecto.

Betto Barrionuevo Romero (DD), Mártires Lizana (FP), Walter Benavides Gavidia (APP), Rolando Campos Villalobos (AP), Leonardo Inga Sales (AP), Alexander Lozano Inostroza (UPP), Merino De Lama (AP), entre otros representantes, también se pronunciaron a favor de aprobar el dictamen de insistencia.

El congresista Daniel Olivares Cortes (PM) solicitó se pueda incorporar normas mínimas para proteger a los pasajeros y evitar muertes en las carreteras del país, así como reglamentar el rol y trabajo de los conductores por turnos, así como los niveles de velocidad, entre otros aspectos que permitan un servicio regulado y seguro conforme se les piden a los buses terrestres de pasajeros.

Al término del debate, el dictamen de insistencia fue aprobado por 81 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones.

PRENSA-CONGRESO