El exmandatario Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete ejercieron por 30 minutos su derecho de defensa ante la Comisión Permanente del Congreso, donde se debate el informe final sobra las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427, referidas al caso “vacunagate”.

Al hacer uso de la palabra, la excanciller Astete reconoció haber cometido un grave error de criterio al confiar que la vacunación que se le ofrecía, repetidamente, se trataba de un proceso regular. Lamentó no haber analizado e investigado oportunamente antes de recibir la dosis.

“Nunca me aproveché de mi cargo para solicitar la inoculación de la vacuna y de haber otorgado algún beneficio a Sinopharm o a cualquier otro laboratorio. Nunca he buscado crear inestabilidad política, menos en momentos tan difíciles como los que afronta nuestro país hoy en día”, indicó.

Dijo que el 21 de enero, al término de una reunión en Palacio de Gobierno, informó al presidente Francisco Sagasti y a la ministra de Salud de ese entonces, Pilar Mazzetti, las razones por las que tenía pensado vacunarse, a lo que “el presidente asintió” luego de escucharla atentamente.

“Salí de Palacio con la certeza de que contaba con la anuencia del presidente, por lo que al regresar a Cancillería le conté lo ocurrido al embajador Sánchez Checa, aceptando así las coordinaciones con la Universidad Cayetano Heredia. El 22 de enero a las tres de la tarde asistí al centro de estudios universitarios para vacunarme, en un acto público y transparente”, sostuvo en su defensa Astete.

En segunda instancia, acompañado de su abogado, el Dr. Fernando Ugaz Zegarra, hizo su defensa el exmandatario Martín Vizcarra, quien señaló que este es un proceso sumario exprés, llevado en el Congreso que no tiene justificación lógica.

“Señora presidenta, hoy estamos en la Comisión Permanente viendo el informe donde determinan sanciones a funcionarios públicos sobre el uso de la vacuna. Sin embargo, hoy día mismo en la tarde, el Congreso va a llevar a cabo un Pleno para recibir el informe de una comisión multipartidaria que el propio Congreso ha creado para que determine si hay irregularidades en el uso de la vacuna, pero en la mañana ya está definiendo sanciones», advirtió Vizcarra.

En otro momento, el exmandatario señaló que otras denuncias constitucionales contra otros personajes no estarían siendo tramitadas con la celeridad respectiva.

Ante ello, la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez, precisó que todos los casos que se siguen en el Parlamento se hacen con la misma celeridad, legalidad y transparencia, siguiendo el debido proceso.

«Como hemos dado cuenta en las redes sociales, esta Presidencia trata de la misma manera todos los informes y acusaciones constitucionales que nos lleguen aquí. Y como hemos dicho, seguiremos tratando con equidad, transparencia, y garantizando el debido proceso», precisó la titular del Parlamento.

Finalmente, Vizcarra adelantó que recurrirá a las instancias que corresponden para defenderse.

“Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales. Ratifico que estamos en carrera electoral y cualquier decisión que se tome aquí no tendrá ningún efecto en las elecciones», precisó.

Posteriormente, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, al hacer uso de su defensa de manera virtual, señaló que la sanción de inhabilitación no es correcta. Precisó que cometió un error de criterio, un error político, sin embargo, consideró que la dosis que se inyectó fue válida.

“Ciertamente, ahora puedo ser cuestionada, incluso éticamente, pero era válido en su momento, en una circunstancia abrumadora, de alto riesgo para todos, frente a una enorme incertidumbre, incertidumbre constante y en un momento en el que la referida vacuna ya había sido aprobada en su país de origen”, comentó.

Dijo reconocer ya haber pagado el precio político, pero de ninguna manera se puede decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación.

Consideró que es desproporcional el pedido de ocho (8) años de inhabilitación política en su contra, indicando que el pedido de sanción no se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas.

OFICINA DE COMUNICACIONES