En la Comisión de Vivienda y Construcción, presidida por el parlamentario Darwin Espinoza Vargas de la bancada de Acción Popular, se sustentaron dos proyectos. El primero propone proteger a usuarios sobre el cobro excesivo en el suministro de agua potable. El segundo proyecto plantea promover la construcción y equipamiento de viviendas rurales.

La primera en sustentar fue la legisladora Digna Calle Lobatón de Podemos Perú, quien propone proteger a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantiza el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a las entidades del Estado.

Afirmó que son derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento, que hayan sido previamente autorizados para operar en el territorio nacional, es decir, por el uso de agua potable y alcantarillado, por parte de las entidades públicas.

Los prestadores de los servicios de saneamiento solo podrán cobrar la tarifa social.

Señaló que los usuarios, ante la existencia de consumos atípicos, tendrán el derecho irrenunciable de presentar reclamos ante la autoridad competente sin límites a las eventualidades que puede sufrir durante un año, y a obtener nuevas facturaciones conforme el consumo histórico en caso de resultar procedente. Los derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento se publicarán en el Reglamento.

Asimismo, indicó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) garantiza que a las entidades del Estado les sea cobrado la prestación de servicios de suministro de agua y desagüe bajo la categoría social. De la misma manera, aseguran que, cuando los gobiernos regionales y locales inviertan en instalar infraestructura para la extracción de agua subterránea para el uso netamente social y riego, solo tendrá como retribución el concepto referido a la supervisión o monitoreo por la explotación, más no así por el consumo y desagüe.

Igualmente, el parlamentario Jorge Flores Ancachi, de la bancada de Acción Popular, sustentó su iniciativa legislativa, la cual plantea promover la construcción y equipamiento de viviendas rurales, con el fin de reactivar la economía nacional y garantizar la seguridad pública a consecuencia de la COVID-19.

Aseveró que su propuesta tiene por objeto promover que los gobiernos regionales y locales ejecuten obras de construcción y equipamiento de viviendas rurales en todo el país, dentro del marco de las políticas de reactivación económica a causa de la pandemia del coronavirus, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

«La presente ley tiene como finalidad reactivar la economía nacional, generando puestos de trabajo a la población rural afectada por la pandemia de la COVID-19. Del mismo modo, busca brindar seguridad pública familiar y mejorar las condiciones básicas de vida de la población rural que comprenda prioritariamente a los sectores vulnerables de las zonas alto andinas y la región selva del país, señaló.

El proyecto plantea autorizar a los gobiernos regionales y municipales priorizar, dentro de su programación anual, las modificaciones presupuestales, con el fin de subvencionar y financiar los proyectos de ejecución de obras para la construcción y equipamiento de viviendas rurales en todo el país, con el fin de dinamizar y reactivar la economía nacional a consecuencia del COVID-19 y brindar seguridad pública familiar y mejorar las condiciones básicas de vida de la población rural.

Por otro lado, el presidente de la Comisión dio a conocer los grupos de trabajo que fueron aprobados en la sesión anterior para el Periodo Legislativo 2021-2022, tales como el Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal de la gestión administrativa, el cumplimiento de metas y la implementación de los programas y proyectos de vivienda y construcción.

Asimismo, fue aprobado el Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal, la gestión administrativa y el cumplimiento de metas, y la implementación de programas y proyectos en agua potable y saneamiento urbano y rural.

También, se aprobó el Grupo de trabajo sobre titulación y formalización de predios, formalización de la propiedad ocupadas por asentamientos humanos y titulación de tierras en comunidades nativas e indígenas.

OFICINA DE COMUNICACIONES