No obstante haberse detectado que un 73% de la criminalidad se organiza y se dirige desde los centros penitenciarios, las autoridades gubernamentales estarían obstruyendo la implementación de los sistemas de bloqueadores  de celulares en los penales e, inclusive, habrían sobrevalorado partidas presupuestales por más de diez millones de dólares.

Así lo denunció, hoy martes 26, el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, congresista Renzo Reggiardo Barreto (CP), después de escuchar el informe del gerente de Prisontec SAC, Augusto Fernández Márquez, en la sesión informativa que realizó ese grupo de trabajo en la sala Moyano.

Reggiardo manifestó que no puede ser posible que se pongan diferentes trabas a la ejecución de un contrato que consideraba establecer bloqueadores en 33 penales, y que solo se permita la implementación en un 100% de cinco penales, un 30% en cuatro centros penitenciarios y en el de Lurigancho, que será entregado el próximo viernes.

Dijo que, por ello, se citará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, y al ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien presuntamente sería el responsable de impedir que se establezca el sistema de bloqueadores en las cárceles de Trujillo y Chiclayo, pues su sector autorizó la compra de otros bloqueadores valorizado en diez millones de dólares. Ello, no obstante que el costo total para la implementación del sistema en los 33 penales costaba entre cinco y seis millones de dólares.

“Todo esto obliga a que el Congreso realice una exhaustiva investigación sobre estas supuestas irregularidades. Pediré al Pleno para que a la comisión se le dé facultades investigadoras o que la investigación la efectúe la Comisión de Fiscalización. Lo cierto es que encontraremos a los responsables no solamente de frustrar la medidas de seguridad en los penales, sino también a los comprometidos en la sobrevaloración”, expresó.

Por su parte,  Fernández Márquez culpó al Ministerio de Justicia de ser el responsable de las trabas a la labor de la implementación y la designación de la funcionaria Gisela Lévano como supervisora del proceso. Dijo que la funcionaria es economista, pero no conoce nada de ingeniería electrónica, de teléfonos vandálicos, sistemas de seguimiento de llamadas y otros conocimientos técnicos, “pero que, sin embargo, ha culpado a Prisontec de incumplimiento de contrato, ha sancionado con multas y remitido una serie de observaciones totalmente raras que no tienen nada que ver con la técnica de bloqueadores”.

“Pero lo peor de todo es que Gisela Lévano ha trabajado con nosotros y sistemáticamente se fue apartando hasta reaparecer como supervisora, labor que no se puede cumplir siendo juez y parte. Todos estos problemas se han presentado y ocasionado retrasos en el proceso de implementación de bloqueadores. No puede concebirse que se presenten dificultades a una obra que tiende a proteger a la población, que diariamente sufre de robos, asaltos, sicariato y secuestros. Toda la criminalidad es dirigida desde las cárceles”, manifestó.

Reggiardo, finalmente, pidió al Gobierno rectificar los errores y ordenar que se concluya con la ubicación de bloqueadores, que no solamente detecta las llamadas, sino también identifica a quienes hablan y a quién deposita el dinero en los bancos como recompensa al cumplimiento de determinado hecho criminal, de acuerdo al informe del gerente de Prisontec SAC.  (jon).

PRENSA-CONGRESO        

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