El titular de PROINVERSION, Rafael Ugaz Vallenas, sostuvo este martes 7 que el país tiene un déficit fiscal básico que asciende aproximadamente a 363 millones de soles, por tanto necesita de la inversión privada para financiar proyectos que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura.

«El Estado no puede financiar directamente este costo total y cambiar unilateralmente contratos ya vigentes porque generarían un clima de inestabilidad», afirmó durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Transporte y Comunicaciones que preside el legislador Luis Carlos Simeón Hurtado (AP)

El directivo indicó que la inversión privada se atrae con estabilidad socio política y seguridad jurídica, las APP son un mecanismo importante que mejora la calidad de vida de la población e impacta de manera positiva en el crecimiento del PBI.

Respecto a las iniciativas que se evalúan en la Comisión (PL Nº 1389/2016-CR – Nº 4101/2018-CR Nº 4506/2018-GL – Nº 5397/2020-CR), manifestó su preocupación y reiteró que debe garantizarse las obligaciones y el equilibrio económico financiero acordado en los contratos efectuados. En caso contrario, se desincentivará a la inversión privada y generará contingencias legales como demandas arbitrales nacionales o internacionales y la aplicación de mecanismos para restablecer el equilibrio económico financiero de dichos contratos.

ProInversion en Comisión de Transportes, Rafael Ugaz Vallenas.

«Las normas que impliquen modificar unilateralmente los contratos de APP suscritos, desconocerían los términos pactados en dichos contratos, así como, la doctrina del Contrato Ley, reconocida en el artículo 1357 del Código Civil y el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Con ello, se altera el marco promotor de la inversión privada vigente», manifestó.

Respecto al PL 1389/2016CR que propone establecer condiciones para el cobro de peajes en las concesiones viales o contar con una vía alterna o accesoria gratuita, Ugáz sostuvo que se afectaría el retorno de la inversión y que considerar como tasa de pago el peaje, contraviene las normas tributarias y resoluciones del Tribunal Fiscal.

Sobre el PL 4101/2018 CR, que propone incluir exoneración a los vehículos militares de las fuerzas armadas, el pago del derecho de peaje a las maquinarias que son movilizadas por las autoridades competentes para atender los efectos de desastres, durante la vigencia de las declaratorias de emergencia, el titular de PROINVERSION sostuvo que esto generaría una sensación de contar con un marco legal inestable y con falta de seguridad jurídica.

«Si se pretende modificar los contratos de peajes se podría generar el derecho de los inversionistas de solicitar el restablecimiento del equilibrio financiero o recurrir a un tribunal arbitral, debido a la reducción de ingresos. En todo caso es la entidad pública (Estado) la llamada a hacerse cargo del costo de las exoneraciones propuestas», explicó.

TARIFAS JUSTAS

Javier Marchese Quíroz, representante de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), sostuvo que los principales usuarios de peajes piden una inversión sana que no afecte el bolsillo de los ciudadanos del país.

El dirigente propuso que los contratos deberían contar con cláusulas de seguridad vial como parte inherente de la concesión de estos. Asimismo con cláusulas de seguridad jurídica que proteja a los transportistas que discurren sus unidades en vías y óvalos ‘de la muerte’ que han generado cientos de pérdidas humanas porque las vías no se diseñan de acuerdo a criterios internacionales de seguridad.

De igual forma, que los contratos viales contemplen de manera obligatoria la construcción de lugares de descanso para los transportistas como ocurre en otras partes del mundo.

«Los peajes deben en todo caso ser producto de un estudio, los cobros de peajes son inadecuados, estos deben cobrarse de acuerdo al peso y tipo de la unidad, debe colocarse balanzas y cobrar por ejes o peso bruto de las unidades. La inversión en infraestructura no tiene correlación con el costo de mantenimiento», explicó.

Respecto a la participación de la Municipalidad, sostuvo que esta entidad es sancionadora pero también fiscalizadora, lo que perjudica a los transportistas usuarios.

Lima, 7 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO