El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 10013/2024-CR, 10508/2024-CR. 10918/2024-CR, y otros, que propone la ley que incorpora progresivamente a los trabajadores del Ministerio Público que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, a plazo indeterminado, en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

El dictamen obtuvo 89 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones en primera votación; y fue exonerado de segunda votación con 86 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Esta propuesta busca corregir la desigualdad que afecta a los trabajadores CAS del Ministerio Público, quienes pese a realizar funciones permanentes han sido excluidos de beneficios laborales básicos.

Según el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), esta situación ha generado diferencias injustificadas en remuneración, estabilidad y derechos laborales. La norma beneficiará aproximadamente a 5 mil trabajadores, lo que representa el 55,7 % del total de servidores de la institución.

De acuerdo con estimaciones del MEF, el costo total de traslado del personal CAS ascendería a 275 millones de soles, pero el impacto para la población objetivo de esta norma es de 153 millones, financiados con recursos institucionales.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (bancada PL), destacó que la medida es el resultado de un trabajo multipartidario que busca eliminar una forma de discriminación mantenida por más de una década. Explicó que el proceso será gradual, en función de criterios objetivos como antigüedad, continuidad en el puesto, mérito y necesidad del servicio.

Durante el debate, el congresista Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista) señaló que mejorar las condiciones laborales del personal administrativo contribuye directamente a la lucha contra la criminalidad organizada.

“No es solo un beneficio laboral, sino un fortalecimiento operativo del Ministerio Público”.

En la misma línea, la congresista Isabel Cortes Aguirre (No Agrupados), autora de uno de los proyectos, afirmó que esta ley erradica un trato desigual e injusto que afecta a miles de trabajadores del Estado.

Finalmente, la congresista Kelly Portalatino Ávalos (bancada PL) subrayó que esta decisión corrige una injusticia histórica y permitirá que quienes han sido discriminados laboralmente accedan a condiciones de estabilidad y equidad salarial.

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