Con 78 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 6015/2023-CR, 6195/2023-CR, 8940/2024-CR y otros, que autoriza la incorporación progresiva de los servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) contratados bajo el régimen CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La medida, que se sustenta en los dictámenes favorables de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de la Comisión de Justicia, beneficiará a más de 2,300 trabajadores CAS indeterminados, considerados columna vertebral de la seguridad jurídica en el país.

El congresista Alejandro Soto Reyes (APP), presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que la Sunarp mantiene personal CAS que cumple funciones similares a las del régimen 728, pero con menos ingresos y beneficios, lo que constituye un trato desigual. Recordó que el costo de la incorporación asciende a 266 millones de soles frente a un presupuesto de 110 millones, lo que genera una brecha de 156 millones.

A su turno, Flavio Cruz (PL), presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que los más de 2,300 trabajadores CAS indeterminados representan el 98 % de los servicios que brinda la SUNARP, desde la inscripción de propiedades hasta la calificación de actos jurídicos.

“No se trata de privilegios, sino de un acto de justicia”, afirmó.

Durante el debate, Waldemar Cerrón Rojas (PL) resaltó que la entidad es autosostenible y que en 2023 destinó 33,2 millones de soles al personal 728 y 12,1 millones al personal CAS, lo que demuestra su capacidad financiera para cubrir la transición.

“Si hablamos de igualdad, que sea en serio”, expresó.

La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) advirtió que la propuesta no puede desligarse de las restricciones fiscales, recordando que no corresponde afirmar que “no irroga gasto al Estado”. Señaló que todas las instituciones reclaman incrementos presupuestales y que los recursos de la SUNARP deben contribuir al sostenimiento nacional.

Juan Burgos Oliveros, autor de una de las iniciativas, indicó que negar este derecho sería desconocer el principio constitucional de igualdad. “El Congreso no puede permitir una flagrante violación de la Constitución de 1993”, afirmó.

En la misma línea, Guido Bellido Ugarte (PP), sostuvo que debe terminar la discriminación y el abuso contra los trabajadores CAS. “No puede ser que realicen las mismas funciones y responsabilidades, pero algunos tengan menos derechos y beneficios”, remarcó.

Desde Somos Perú, Paul Gutiérrez Ticona (SP), autor de otro de los proyectos, señaló que se trata de una oportunidad histórica para reconocer el mérito y servicio de los trabajadores de la SUNARP, garantizando una vida laboral digna.

Por su parte, Alex Paredes (SP) llamó a la coherencia parlamentaria: “En comisión este dictamen fue aprobado por unanimidad; no podemos venir al Pleno a decir lo contrario. La ciudadanía y los trabajadores esperan decisiones consistentes”.

El congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) sostuvo que el debate muestra qué bancadas defienden la responsabilidad fiscal y cuáles optan por el populismo. Recordó que el Estado destina más de 100 mil millones de soles a planillas y que lo que piden las grandes mayorías no es un Estado sobredimensionado, sino obras de inversión en carreteras, hospitales, agua y saneamiento.

El congresista Jaime Quito Sarmiento (BS) defendió la propuesta como un acto de justicia frente a años de discriminación laboral. Rechazó que se califique de “populismo” la defensa de los trabajadores, mientras se permiten beneficios a grandes empresas.

Asimismo, planteó evaluar la derogatoria del decreto que recortó derechos para que todos los servidores públicos pasen a un régimen digno.

El dictamen fue exonerado de segunda votación con 79 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL