Los funcionarios que resulten responsables de acciones que pongan en riesgo la vida de la población, como el caso de entregar títulos de propiedad en zonas peligrosas o declaradas en emergencia, deben ser pasibles de sanciones por parte del Poder Judicial.

Este es uno de los cuatro proyectos de ley que el próximo Congreso debe desarrollar, según la recomendación considerada en el Informe Final de la Comisión Especial encargada de la supervisión, fiscalización, seguimiento y control de las acciones de prevención y mitigación de Fenómeno El Niño.

El titular del grupo de trabajo, Virgilio Acuña (SN), dijo que más de 530 mil personas viven en las riberas de los ríos con grave riesgo de su integridad física, situación que no es obstáculo para que en épocas electorales algunos funcionarios les otorguen títulos de propiedad.

Al término de sus funciones la comisión puso al debate y aprobación el voluminoso documento de más de 400 páginas que comprende la relación de los hechos y actividades realizadas durante el trabajo de investigación. Puesto al voto fue aprobado por mayoría con cargo a redacción de los aportes de los legisladores.

Otros de los proyectos recomendados por la comisión es el que plantea medidas para simplificar y agilizar los trámites de desaduanaje de las donaciones y ayuda humanitaria en caso de ocurrencia de desastres naturales.

También el que propone declarar áreas intangibles los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos y vasos de almacenamiento, quedando prohibido su uso para fines agrícolas y asentamientos humanos para evitar daños ante la ocurrencia de un desastre natural.

Asimismo, el que plantea la obligación de las entidades públicas a elaborar y presentar su Plan de Contingencia anualmente.

Acuña Peralta señaló que otro de los graves problemas develados es que en el país se ha olvidado lo que significa la prevención y que existe la necesidad de que el próximo gobierno desarrolle este tema como política de Estado.

De igual manera, la evidencia de falta de capacitación y coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de financiamiento de proyectos de inversión pública y declaratoria de estado de emergencia.

Acuña Peralta destacó que es la primera vez que el Congreso de la República conforma una comisión para la prevención de los efectos del Fenómeno El Niño y que gracias a este encargo se ha logrado determinar la existencia de vacíos legales, como la que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.

La congresista Luz Salgado (FP) pidió mayor precisión en la determinación de si se usaron bien los recursos presupuestarios en el interior del país y plantear al próximo Congreso la creación de un grupo de trabajo o comisión especial que dé continuidad al trabajo realizado.

José León Rivera (PP) advirtió que es necesario destacar el problema de crecimiento de la población en forma desordenada, como consecuencia de las invasiones en zonas de alto riesgo.

Por su lado, Wilder Ruiz (DD) dijo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha cumplido con la delimitación de la faja marginal para que sea declarada intangible.

Manuel Merino De Lama (AP-FA) llamó la atención sobre la necesidad de hacer seguimiento a las obras que después de haber sido iniciadas son abandonadas, sin que las autoridades den cuenta de las inversiones realizadas. (MED)

PRENSA-CONGRESO*

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