Indicó que las personas inscritas en el REDERECI estarán prohibidas de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos públicos que procedan de elección popular y estos impedimentos regirán hasta la cancelación íntegra de la reparación civil dispuesta.

 “Creemos que se trata de una norma fundamental para mejorar la calidad de los representantes en el Congreso;  es muy severa, pero necesaria porque la política se ha deteriorado muchísimo en los últimos años”, enfatizó el legislador. 

Eguren manifestó que la Ley de REDERECI, incluso, prevé como sanción la destitución de todo funcionario público que contrate a un deudor de reparación civil en las empresas públicas y en sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado.

  El también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso sostuvo que los deudores de reparación civil y alimentarios tampoco podrán trabajar ni contratar con el sector público, como personas naturales ni jurídicas y se reportará su situación a la Superintendencia de Banca y Seguros para que las centrales de riesgos tengan acceso a esa información y vean la calidad de pagador de estas personas. 

“En el caso de los deudores alimentarios no podemos pretender que aquellos que ni siquiera pueden cumplir con sus hijos puedan asumir una alta responsabilidad con el Estado”, subrayó.

 DESPACHO CONGRESAL