La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside José Luna Morales (PP), inició este viernes 14 la sustentación de una serie de proyectos de ley que tienen relación con el sistema financiero, el servicio de telecomunicaciones, y los organismos reguladores que beneficiarán a los consumidores.

Previamente, sus integrantes aprobaron por unanimidad el pedido de la congresista María Céspedes Cárdenas (Frepap) para solicitar al Consejo Directivo se derive a la comisión el Proyecto de Ley 5901/2020, que propone la ley sobre la insolvencia de los hogares y mecanismos para la reestructuración y pago de sus deudas en condiciones apropiadas.

Seguidamente, el congresista Arón Espinoza Velarde (PP) sustentó el proyecto de ley 5904/2020 – una iniciativa multipartidaria que lleva la firma de Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) y Fernando Meléndez Celis (APP)-, que propone la ley de protección a los consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y comisiones.

El parlamentario sostuvo que la iniciativa legislativa busca proteger a los consumidores y la economía familiar, evitar la usura en el sistema financiero, que el Banco Central de Reserva (BCR) establezca tasas máximas de interés y regule el cobro de comisiones y gastos. Con todo ello, expuso, se pretende beneficiar a la población, pero no maltratar a la empresa financiera.

El proyecto modifica diversos artículos de la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios financieros; el artículo 52 del Decreto Ley Nº 26123, Ley Orgánica del BCR; y los artículos 9, 221, 349 y 358 de Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Así, su segundo artículo modifica el 6 de la citada ley, para determinar que las tasas de interés se cobren libremente, pero dentro del límite que fije el BCR. Así también, está prohibido el cobro de penalidad u otra comisión o gastos por el atraso en el pago de cuotas; las comisiones y gastos deben implicar la prestación de un servicio adicional o complementario; las empresas financieras que cobren tasas de interés superiores a las que fije el BCR podrán ser sancionadas.

TELECOMUNICACIONES

El congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) sustentó el proyecto de l1ey 5757/2020, de su autoría, que propone la ley contra la violación de derechos del consumidor del servicio de telefonía, cable e internet, con la finalidad de proteger al consumidor o usuario de estas empresas que están sujetas a la regulación específica del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Su fin es “impedir que se atente contra el equilibrio contractual necesario entre las empresas y los usuarios y, el respeto de los derechos de los usuarios como consumidores”. Y con ello, dijo, acabar con el abuso de las actuales empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que brindan servicios de telefonía fija o móvil, internet fijo o móvil y cable”.

El proyecto exalta la libertad de decisión en función de la “soberanía del consumidor” en función de que el usuario es el que decide contratar los servicios con las empresas operadoras, y por ello debe tener la facultad de escoger libremente los servicios que considere necesarios o atractivos, y no permite “la elección en paquete de los servicios de telefonía, cable o internet bajo la llamada modalidad de “dúos” o “tríos” por considerarse un método comercial coercitivo”.

Al finalizar la sustentación, los congresistas José Ancalle Gutiérrez (FA) y Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) hicieron algunos aportes que fueron aceptados por Mesía Ramírez; y, finalmente, Fernando Meléndez Celis solicitó a la presidencia de la comisión dar celeridad a la aprobación de esta iniciativa.

José Luna Morales informó que se evalúa acumular los proyectos de ley presentados por los legisladores Guillermo Aliaga Pajares (SP) y Cecilia García Rodríguez (PP), que tienen relación con los servicios de telecomunicaciones y sintonizan con la presente propuesta.

ELECCIÓN DE DIRECTIVOS EN ORGANISMOS REGULADORES

El parlamentario Paul García Oviedo (AP) sustentó el proyecto de ley 5837/2020, que propone la Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 27332, Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos y dispone que la elección de los miembros del consejo directivo sea a través de estricto concurso público de méritos.

La propuesta tiene la finalidad de fomentar la meritocracia y de esa forma darle mayor transparencia y eficiencia en los actos que desarrollen los directivos de los organismos reguladores, lo cual se logrará al someter su elección a un estricto orden de mérito, García Oviedo sostuvo que la razón de ser de los organismos reguladores es establecer un escenario de equidad y evitar abusos que se pudieran generar en el mercado, como consecuencia de los monopolios y la concentración de ganancias que generan las grandes empresas.

Para ello, se requiere de un organismo que pueda supervisar que los procedimientos y mecanismos que pueda generar un contrato entre los consumidores y las empresas que brindan servicios, puedan ser las adecuadas, y que no se generen circunstancias abusivas que puedan perjudicar los intereses de la población.

“De tal forma que los organismos cumplen un rol determinante en tales relaciones, evitan que los poderes económicos avasallen a los usuarios, como se venía haciendo antes de la creación de los organismos supervisores. Y así se libera la administración pública de la dedocracia y se da paso a la meritocracia”, expresó.

La modificación del artículo sexto de la Ley 27332, del Consejo Directivo (de los organismos reguladores), sobre “la elección de sus miembros se efectuará mediante estricto concurso público de méritos, llevado a cabo por un comité de selección integrado por seis (6) miembros”.

Uno de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la preside; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la Contraloría General de la República; uno de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; uno del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual; y uno a propuesta del ministerio del sector al que pertenece la actividad económica regulada.

Al finalizar la sustentación el titular de la comisión informo que se ha solicitado opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los organismos reguladores, y a otras instancias mencionadas en el proyecto de ley.

Lima, 14 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO