Durante la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular), congresistas de diversas bancadas sustentaron diversos proyectos de ley, entre ellos, el que busca la creación de tribunales sin rostro para casos de delitos cometidos por organizaciones criminales.

El autor del proyecto de ley Nª 6920/2023-CR, Juan Burgos Oliveros (Unidad y Diálogo Parlamentario), refirió que “entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte, debemos priorizar el primero, porque hay magistrados amenazados por muertes y eso no se debe conseguir». Por tanto, consideró que «ante situaciones extremas, debemos tomar medidas extremas”.

Esta iniciativa plantea cambiar la Ley Nª 30077 e incorpora el artículo 6-A, donde se detalla que la identidad de los jueces y fiscales es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial.

«Los fiscales y magistrados no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial», se acota en la iniciativa parlamentaria.

Escuela Nacional de Magistratura

Seguidamente, la parlamentaria Gladys Echaíz de Núñez (Renovación Popular) sustentó su proyecto de Ley Nª 6816/2023-CR que propone una reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal.

La congresistas Echaíz agregó que, su iniciativa busca que la Escuela Nacional de la Magistratura se encargue de la selección, formación, capacitación y nombramiento para el ingreso y ascenso de jueces y fiscales.

“Su propósito es mejorar la competencia profesional, así como, las actitudes y aptitudes de los magistrados para garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente y con ello, el respeto de los derechos de las personas y efectividad de su finalidad que es la paz social en justicia”, señaló.

La propuesta de ley también crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia con la finalidad de que las instituciones que conforman este sistema funcionan administrativamente de manera coordinada y articulada, con políticas públicas concertadas en todo aquello que les sea común, respetando sus propias autonomías e independencia funcional.

“Para garantizar la independencia funcional de jueces y fiscales de todas las instancias y con ello los principios básicos de la Administración de justicia, se elimina el proceso de ratificación de magistrados y eleva a nivel Constitucional, la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público como entidad autónoma pero integrante de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones”, se destaca.

Durante su argumentación, la parlamentaria Echaíz dijo que las entidades que han tenido el rol de seleccionar magistrados en el Perú han sido involucradas en actos de corrupción, casos antiéticos y hasta se politizaron.

Otras iniciativas de ley 

A su turno, el legislador José Cueto sustentó el proyecto de Ley Nª 6951, que tiene como objetivo precisar la aplicación y los alcances que tiene el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

“Tiene por finalidad garantizar el correcto e idóneo cumplimiento del principio de legalidad, el principio de retroactividad y el respeto a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú respecto a la adecuada aplicación de su marco normativo”, destacó el legislador.

La propuesta busca que se considere la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, desde el 1 julio 2002 y 9 de noviembre del 2003, respectivamente.

Por su parte, el parlamentario Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) expuso la iniciativa Nª 6728/2023-CR, que busca modificar el artículo 7 de la Ley 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, con el fin de agregar causales de impedimento para acceder a los cargos de funcionarios y directores públicos de libre designación y remoción.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL