Con la finalidad de apoyar a las pequeñas y micro empresas que se vieron afectadas por la pandemia e impulsar su reactivación economía fue sustentado el proyecto de ley que propone incorporar un régimen especial de sanciones administrativas aplicable a este sector en la Ley de Contrataciones del Estado.

Fue ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, donde varios congresistas manifestaron su respaldo a esa propuesta, sesión conducida por la presidenta de ese grupo, congresista Silvia Monteza Facho (AP).

La sustentación de la proyectada norma (PL 411) estuvo a cargo del congresista Luis Alegría García (FP), quien advirtió que según el INEI las mypes emplearon en el 2020 a 4.5 millones de trabajadores, es decir, 48.6 % menos que el año anterior. “Este nivel de empleo representa el 26.6 % de la PEA”, puntualizó.

Dijo que lo que se busca es modificar el régimen de sanciones de la Ley de Contrataciones del Estado sólo para los micros y pequeñas empresas dado que el actual régimen contempla sanciones draconianas para las faltas más severas (documento inexacto o falso). “La sanción empieza con 36 meses de inhabilitación y va hasta la inhabilitación definitiva”, agregó.

Explicó que los 36 meses de inhabilitación significan 3 años de imposibilidad para contratar con el Estado, desaparición de la mype y de puestos de trabajo formal y pago de impuestos.

Se propone lo siguiente, dijo el legislador, a) si la mype no presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un periodo mayor a 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a tres meses ni menor a un mes en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 10 % del monto correspondiente.

Además, b) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un período mayor a 24 meses y hasta los 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a seis meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 25 % del monto correspondiente.

También, c) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un período mayor a 12 meses y hasta los 36 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a doce meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 50% del monto correspondiente.

Finalmente, d) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en los últimos 12 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a 24 meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 75% del monto correspondiente.

El proyecto de ley precisa que cuando la sanción imponible es la inhabilitación, la mype puede optar por el pago de una multa que es de 5 UIT para los supuestos comprendidos en el literal a), 10 UIT para los comprendidos en el literal b), 15 UIT para los comprendidos en el literal c) y, 20 UIT para los comprendidos en el supuesto del literal d). El pago de dicha multa implica el levantamiento inmediato de la inhabilitación impuesta, sin perjuicio del cómputo de la sanción para los fines de los literales a) b), c) y d) del acápite 50.4 del presente artículo.

Durante el debate, la congresista Rosangela Barbaran (FP) dijo que es importante voltear la mirada en beneficio de la población y dar otra norma sobre derechos que permita emparejar la cancha a los pequeños empresarios lo cual permitirá dejarlos de asfixiar.

“Aquí les quitan el derecho de participación y quieren castigarlos con 36 meses cuando los que necesitan son oportunidades. Es bueno darles una segunda oportunidad a los empresarios afectados por esta crisis”, opinó.

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (FP) manifestó su respaldo a los emprendedores que muchas veces son familias valientes que forman parte de los micro y pequeñas empresas que se vieron golpeadas económicamente por las restricciones sanitarias por la pandemia.

El congresista Carlos Anderson Ramírez (PP) preguntó si se tiene estadísticas de que el problema realmente se ha ido agravando en el tiempo como consecuencia de la COVID-19 y qué tipo de infracciones se han venido cometiendo, si han tenido aumento o retroceso, porque puede haber temas de falsificación de documentos o de productos defectuosos.

“Hay que ser claro y preciso qué es lo que estamos corrigiendo y para qué tipo de infracciones porque de lo contrario podríamos estar estimulando un comportamiento perverso”, agregó.

Para la congresista Patricia Juárez (FP) es el momento de que todos -sin mirar color político- apuntemos a la reactivación económica del país y apoyar a las pequeñas y micro empresas porque muchas de ellas han desparecido

“Esperamos que ese 80 % de informalidad se formalice, y las personas puedan tener acceso a una pensión digna y a derechos laborales que todos aspiramos”, señaló.

DONACIONES DE GOBIERNO A GOBIERNO Y CONSEJO FISCAL

Posteriormente, la congresista Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) sustentó el Proyecto de Ley 053/2021-CR, que propone establecer el marco normativo que permita simplificar y facilitar el procedimiento administrativo de las donaciones efectuadas de Gobierno a Gobierno y/o entidades políticas que ingresan al país en el marco de la cooperación internacional no reembolsable.

Enseguida el congresista José León Luna Gálvez (PP) dio detalles del Proyecto de Ley 177-2021-CR, que propone fortalecer el marco, el procedimiento, la responsabilidad y la transparencia de las normas establecidas por el Poder Ejecutivo, para el Sector Público No Financiero, mediante la comunicación oportuna de las opiniones técnicas del Consejo Fiscal al Congreso de la República, respecto de las normas que afectan el Presupuesto Público y las reglas fiscales.

INVITAN A EX PRESIDENTE VIZCARRA

Por unanimidad, con 15 votos a favor, la comisión aprobó invitar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo a fin de que informe en que se gastó los 30 mil millones de soles del Fondo de Estabilización Fiscal y los 20 mil millones de soles de la Reserva de Contingencia.

Con la aprobación de sus integrantes, la comisión solicitará informes detallados respecto de DU 100-2021 que autoriza un crédito suplementario de 2 mil 900 millones de soles de la Reserva de Contingencia; así como del DU 086-2021 que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la reactivación económica.

En otro momento, fue aprobado el pedido planteado por el congresista Jorge Morante Figari (FP) en el sentido de que la comisión solicite al Consejo Directivo, para estudiarlo y dictaminarlo, el PL 455/2021-CR que optimiza los servicios públicos esenciales, promueve la actividad empresarial garantiza los derechos de los trabajadores contratados bajo el régimen intermediación y tercerización laboral que ha sido decretado a la Comisión de Trabajo.

Finalmente, con 13 votos a favor y una abstención se aprobó la designación del congresista Carlos Anderson como representante ante el grupo de trabajo multisectorial que tiene el mandato de actualizar la política nacional contra el lavado de activos.

OFICINA DE COMUNICACIONES