«En el país se necesita una escuela para jueces, no una universidad que permita una mejor preparación profesional duradera en el tiempo con capacidad de enfrentar uno de los problemas más álgidos, pero básicos y esenciales en un Estado de derecho, que es resolver los conflictos en forma independiente, objetiva y con concepto doctrinario».

Así lo explicó la congresista Gladys Echaíz (HyD), durante la sustentación de su Proyecto de Ley N.° 06816/2023-CR, de reforma constitucional, que plantea la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Fue ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que preside la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA).

Sostuvo que lo que se quiere es buscar que se resuelvan los problemas y no la creación de un ente burocrático para generar puestos de trabajo, sino formar jueces y fiscales en una escuela y no en una casa universitaria, donde forman abogados que en la práctica no enfrentan lo que se presenta en la realidad.

“Hay casos en los que no se han preparado y no se han moldeado como jueces o fiscales, como aquel que se desmayó en el lugar de los hechos. ¿Qué hacemos con ellos? Tendrán que hacer trabajos de escritorio”, anotó.

El planteamiento legislativo propone la creación de dicha escuela como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal. Su finalidad es la selección, formación, capacitación y nombramiento para el ingreso y ascenso de jueces y fiscales y su propósito es mejorar la competencia profesional, así como, las actitudes y aptitudes de los magistrados para garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente y con ello, el respeto de los derechos de las personas y efectividad de su finalidad que es la paz social en justicia.

Asimismo, se pronunció por la necesidad de la evaluación anual de los jueces y fiscales, el establecimiento de horario de trabajo, contar con perfiles adecuados de profesionales y organizar coordinaciones con la policía, entre otros.

Echaíz Ramos dijo estar elaborando un texto sustitutorio que comprenda una disposición transitoria que permita solucionar los problemas que se presentan en la actualidad “porque las cosas no pueden quedar como están”. En ese sentido, propuso que la escuela cuente con 180 días para que someta a una evaluación el desempeño, de manera extraordinaria, mida los conocimientos y determine la idoneidad de los magistrados.

Consideró que se quedarían en el trabajo los aprobados y en forma transitoria los que ocupen las plazas vacías, hasta que la escuela saque las primeras promociones, en unos dos años y medio.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Alva Prieto, destacó la propuesta legislativa porque-dijo- la idea es contribuir al mejoramiento de la calidad de los jueces y fiscales, y en ese contexto están escuchando a todos los profesionales en esa materia, para entregar en la primera o segunda semana de setiembre la iniciativa del grupo de trabajo parlamentario.

Refirió que para el tema de la reforma se ha tomado como base el trabajo de CERIAJUS, del año 2004 y la política pública aprobada en el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, en la que no hubo propuestas sino un diagnóstico y estimación de problemas.

«Los ataques fueron los mismos en el año ‘90. No es novedad. Pero a pesar de eso hemos aprobado dos reformas importantes, entre ellas, la de la bicameralidad, y esperamos ahora hacer la reforma de la justicia», expresó.

La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) señaló que “estamos viviendo una crisis en el Ministerio Publico y la administración de justicia, además de la injerencia externa, y el sesgo político que existe, lo cual no debe continuar”.

A su turno, el congresista Roberto Sánchez Palomino (JPP-VP-BM), coincidió que el problema persistente es la falta de formación de magistrados y resolver diferentes problemas, como el respeto a los contratos firmados.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGAN INSTITUCIONAL