En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera fueron sustentados 5 proyectos de ley presentados por diversas bancadas que comparten un solo objetivo: velar por la economía de miles de familias que se han visto afectadas por el impacto de la emergencia nacional y el aislamiento social y no han recibido ningún apoyo por parte del gobierno.

Se trata de propuestas que plantean suspender la obligación de pago e inaplicación de interés en el periodo de emergencia a las tarjetas de crédito, a los créditos hipotecarios, a los árbitros municipales, entre otros.

“También se prohíbe el incremento de las tarifas de servicio de electricidad, gas y agua durante el tiempo que perdure la emergencia nacional”, dijo por su parte el congresista Robinson Gupioc Ríos (Podemos Perú) al sustentar su Proyecto de Ley 4863/2020-CR.

Fue en la sesión virtual que realizó dicha comisión el miércoles 27 a cargo de su presidente el congresista Anthony Novoa Cruzado (Acción Popular).

Gupioc Ríos dijo que el objetivo es proteger a aquellas personas que hayan reducido sus ingresos o estén en desempleo en el estado de emergencia y les permita cierta estabilidad económica.

“La población estable ha pasado a vulnerable y la vulnerable a critica en tres meses sin ingresos, sin bonos porque no les corresponden y además siendo víctima de despidos abusivos”, agregó.

Similar propuesta fue defendida por el congresista José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio) al sustentar su Proyecto de Ley 4866/2020-CR, Ley que propone establecer un marco de regulación sobre la moratoria aplicable a las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, a los servicios esenciales y de telecomunicaciones, no sólo en el estado de emergencia sino también en caso de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación.

“Esta situación difícil está causando impacto en miles de personas, el empleo informal bordea el 72.6 % lo que quiere decir que ellos generan sus propios ingresos, lo que puede generar sobre endeudamientos y quiebra por créditos hipotecarios, créditos vehículares, entre otros. Proponemos establecer una moratoria de dos meses prorrogables por un periodo igual, es decir, dos meses más”, dijo Ancalle.

Así también la congresista Tania Rodas Malca (Alianza Para el Progreso) al sustentar su Proyecto de Ley 4862/2020-CR, de similar contenido aseguró que no genera gasto público, por el contrario -aseguró- que fortalece la economía en razón a que los usuarios no caerán en morosidad por no poder pagar las acreencias debido a la poca o nula actividad económica que se desarrolla durante el periodo de la declaratoria de emergencia nacional y la limitación del derecho al libre tránsito.

“Un 72 % de la población vive del día a día y tiene créditos en el sistema financiero por lo que pido que este proyecto de ley sea sumado a los otros proyectos”, pidió la legisladora.

Además, el congresista Betto Barrionuevo (Somos Perú) propuso que la moratoria también se aplique para el pago de las pensiones de los colegios y de los estudiantes en las instituciones de educación superior privadas, según contempla su Proyecto de Ley 4980/220-CR.

“Hoy se ven afectados miles de estudiantes porque las universidades no han dado las facilidades del caso, solo algunas lo están haciendo. De no darse esas facilidades, el 30 % de los estudiantes de las universidades privadas estarían perdiendo su ciclo académico”, dijo el legislador.

Finalmente, el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular) al sustentar su Proyecto de Ley 4884/2020-CR, Ley propone establecer un marco legal que permita suspender el cobro de deudas bancarias, tributarias, servicios básicos, estudios y municipales, dijo que responde a un interés común en una pandemia mundial porque se hace justicia con aquellos que no han recibido bono y no tiene ningún apoyo del gobierno.

El presidente de la Comisión dijo que se trata de proyectos de mucha importancia para salvaguardar la economía familiar porque los bancos no entienden de los problemas que está atravesándola gente.

“Consideramos que este Congreso está a la altura de la defensa de los derechos de los ciudadanos y en esa línea estamos trabajando en las comisiones”, subrayó el legislador al tiempo de informar que se elaborarán los predictámenes respectivos con los proyectos sustentados.

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

En la sesión también fueron sustentados dos proyectos de ley que proponen permitir que los que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP -que no cumplieron con los requisitos de 20 años de aportación para recibir una pensión- puedan retirar su dinero.

La congresista Jaqueline García Rodríguez (Podemos Perú) planteó que estas personas puedan solicitar el retiro del 100 % de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral.

“Queremos que se haga justicia a 3 millones de personas que no han cumplido los 20 años de aportaciones. En el Perú hay 4.7 millones de afiliados y de ellos más de 3 millones no van a recibir pensión a pesar de haber aportado en algunos casos 19 años y meses. El proyecto plantea que el aportante pueda solicitar el retiro de su dinero en dos armadas”, dijo la congresista al tiempo de informar que devolver el dinero a los aportantes costaría mil 691 millones de soles.

Por el contrario, el congresista Anthony Novoa Cruzado (Acción Popular) al sustentar su Proyecto de Ley N° 5199/2020-CR propuso que la entrega sea en una sola armada y en un plazo máximo de 30 días de aprobada la ley. Dijo que el cálculo seria el siguiente: una RMV a los afiliados que hayan aportado hasta 10 años al SNP, 3 RMV a los que aportaron entre 10 y 20 años y 5 RMV a los que aportaron de 20 años a más.

Lima,, 27 de mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO