La participación de empresas en las cárceles productivas, la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad y la modalidad de cumplimiento de una sentencia fueron el objeto de tres proyectos de ley sustentados durante la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Milagros Rivas Chacara (PL).

En cuanto a las cárceles productivas, la parlamentaria Katy Ugarte Mamani (UyDP) sustentó el Proyecto de Ley 5643/2023, Ley que fomenta la participación de empresas en las cárceles productivas.

Su finalidad, señaló, la legisladora cusqueña, es incentivar al sector empresarial a desarrollar sus actividades en los centros penitenciarios, a través de la contratación penitenciaria, a efecto de brindar capacitaciones e ingresos a los internos, coadyuvando con su resocialización y futura reinserción en la sociedad.

No obstante, los avances en la socialización de la importancia de las «cárceles productivas», es visible que el grueso de la población penitenciara aún no accede a ellas, pudiendo ser uno de los factores la falta de mayores convenios o contratos para que personas naturales o jurídicas desarrollen sus actividades económicas dentro de los centros penitenciarios del país.

Para concretar esta propuesta, Ugarte Mamani propone con esta iniciativa legislativa incorporar el numeral 25.3, en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1343, Decreto Legislativo para la promoción e implementación de cárceles productivas.

Allí, se otorga “cinco puntos adicionales a las personas naturales o jurídicas que hayan participado a través de la suscripción de convenios o contratos en cárceles productivas, en las evaluaciones de los concursos públicos para la contratación con el Estado».

NUEVO PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD

La construcción de un nuevo penal de máxima seguridad es la propuesta del congresista Esdras Medina Minaya (UyDP) mediante el Proyecto de Ley 4866/2022, que propone dicha construcción en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno.

Su finalidad es combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema penitenciario a nivel nacional y la reducción de la sobrepoblación y hacinamiento penitenciario.

Esdras Medina señaló que en un penal de esta naturaleza se pueden adoptar medidas de seguridad y de control estratégicos, respecto a los internos de alta peligrosidad, tales como medidas de seguridad especiales, asilamiento estratégico, inhibidores de teléfonos móviles para controlar las comunicaciones de los internos.

De acuerdo con el segundo artículo de la propuesta, este penal deberá cumplir con los estándares internacionales respecto a las condiciones de albergue, tratamiento y condiciones de vida; y, en función de ellos, responder a la brecha en infraestructura, equipamiento y acceso a servicios en el sistema penitenciario.

Así también, el congresista Wilson Quispe Mamani (PL) sustentó el Proyecto de Ley 4182/2022, Ley que modifica el artículo 12 del Código de Ejecución Penal, que establece el cumplimiento de la sentencia condenatoria en el territorio donde se cometió el hecho delictuoso o donde domicilie el sentenciado.

La presente iniciativa, indicó, busca resolver una parte del problema penitenciario y sus consecuencias económicas, sociales y delictivas, cuando los delincuentes cumplan sus penas en penales cercanos a su domicilio o donde se produjo el hecho delictivo.

Para cumplir con su finalidad, la iniciativa modifica el artículo 12 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, que establece el cumplimiento de la sentencia condenatoria del interno en el territorio donde se cometió el hecho delictuoso o donde domicilie el sentenciado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL