La propuesta de creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca conjugar la necesidad de brindar transparencia y la de proteger los datos personales, manifestó este lunes 19 la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello.

Fue ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Yeni Vilcatoma,  a donde acudió para sustentar el PL N° 228/2016-PE sobre la creación de este organismo que garantizará el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, entre otros aspectos.

Pérez Tello señaló que existe legislación sobre acceso a la transparencia, pero que lamentablemente no se cumple y son vulneradas con frecuencia. Informó que un balance de los 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, elaborado por la Defensoría del Pueblo, identifica varios problemas como el incumplimiento de plazos, cobros ilegales, exigencia de requisitos legales, entrega incompleta de la información, entre otros.

“El objetivo de la norma es consolidar una cultura de transparencia y de apertura al ciudadano”, indicó la exparlamentaria, al tiempo que señaló que la Autoridad Nacional tendría un consejo directivo integrado por miembros altamente calificados.

Al respecto, los parlamentarios Mauricio Mulder (CPA) y Segundo Tapia (FP) cuestionaron la creación de este nuevo ente porque significaría más burocracia y más gasto estatal.

“¿Crear una Autoridad va a ser una solución al tema? ¿Por qué no fortalecer la ley, el marco legal y sancionar a quienes incumplen la ley de Transparencia?”, manifestó Mulder Bedoya.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

            Respecto al tema de la lucha contra la corrupción, la titular del MINJUS indicó que son tres iniciativas propuestas en este ámbito: la que fortalece la denuncia de los ciudadanos,  el registro de las sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional y la que modifica el Código Penal para limitar el acceso al sector público de los condenados por delitos contra la administración pública.

Sobre este último punto indicó que la inhabilitación máxima es de 5 años, pero “la idea es que pueda ser el doble o el triple de plazo”.

En lo referido al Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la ministra Pérez Tello dijo que la verdadera reforma es la manera de cómo se designará al procurador, solo posible a través de una modificación constitucional.

“Saludo que existan hoy en el debate más de seis propuestas vinculadas a este tema y estoy segura que el Poder Legislativo los atenderá”, remarcó.

            Durante la ronda de intervenciones, el congresista Edwin Donayre (APP) expresó que las empresas extranjeras y nacionales que financian campañas electorales deberían estar impedidas de ganar licitaciones o contratar con el Estado.

            “La corrupción se gesta en las campañas electorales”, argumentó.

Por su parte, el legislador Héctor Becerril (FP) lamentó que la impunidad viva y reine en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, porque así lo demuestran –dijo- los archivamientos y sentencias de los casos emblemáticos de corrupción en el país.

El congresista Jorge Castro (FA) pidió sancionar con la suspensión y la vacancia de sus cargos a las autoridades regionales y locales que incumplan la ley de transparencia.

Francisco Villavicencio (FP) se mostró a favor de fomentar la digitalización de los expedientes en el sector público porque ello facilitará el acceso a la información y la transparencia. Pidió reactivar la labor de la Oficina de Gobierno Electrónico, dependiente de la Presidencia de Consejo de Ministros.

“Esta oficina es fundamental para acercar el Estado al ciudadano”, remarcó.

Mientras que Roberto Vieira (PPK) planteó no otorgar beneficios penitenciarios a los inculpados por delitos de corrupción.

Antes de levantar la sesión, la presidenta de la comisión, Yeni Vilcatoma, informó que se reprogramará la citación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, programada para esta tarde. Él debía sustentar sobre las facultades legislativas contenidas en el PL N° 228/2016-PE, sobre medidas que garanticen el buen y oportuno desarrollo de la infraestructura y las operaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2019. (ac)

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