La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso aprobó esta noche el informe que recomienda la destitución e inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública al magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y suspender por treinta días a sus colegas Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y a Carlos Miranda Canales por haber cambiado el voto del ex juez constitucional Juan Vergara Gotelli en la sentencia del caso de la matanza de El Frontón que tenía autoridad de cosa juzgada.

A Espinosa-Saldaña se le imputa haber actuado con dolo para inducir a error a los otros mencionados colegas del Tribunal Constitucional por lo que también se recomienda acusarlo por delito de función por la presunta comisión del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal. 

A Ledesma, Ramos y Miranda -actual presidente del TC- solamente se plantea que sean suspendidos en sus funciones -que debe ser ejecutada durante el período de receso del ente contralor de la constitucionalidad- porque tienen una responsabilidad atenuada en la comisión de las infracciones constitucionales.

Votaron a favor del informe -sustentado previamente por el ponente, congresista César Segura (FP)- los legisladores Javier Velásquez (CPA), con reservas; Yesenia Ponce (FP); Rolando Reátegui (FP); Wuiliam Monterola (FP); Karina Beteta (FP); Percy Alcalá (FP); Héctor Becerril (FP); César Segura (FP) y la propia presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Liliana Takayama (FP).

En contra se pronunciaron Marisol Espinoza (APP); Gino Costa (PPK); Juan Sheput (PPK) y Reymundo Lapa (FA).

Durante el debate multipartidario correspondió a los legisladores Becerril,Beteta y Segura, advertir que Espinosa-Saldaña ha infringido la Constitución al modificar el voto del ex magistrado Vergara Gotelli mientras que Espinoza, Costa  y Lapa argumentaron que no se puede sancionar a los jueces constitucionales porque gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. 

Velásquez Quesquén planteó que Ledesma, Miranda y Ramos sean destituidos de sus cargos pero su pedido no fue aceptado por sus colegas.

De acuerdo al procedimiento del Reglamento Interno del Congreso corresponde ahora que este informe -aprobado por mayoría- en la subcomisión sea derivado a la Comisión Permanente del Congreso para el debate y votación correspondiente.

Si el informe es aprobado, la Comisión Permanente nombra una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efectos que sustente el informe y formule acusación ante el pleno del Congreso. Se requiere la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. (JSR)

PRENSA-CONGRESO-14-12-17

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