La Subcomisión de Acusaciones Constitucional, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), llevó a cabo hoy la audiencia de la denuncia constitucional nro. 240 contra la excongresista Luciana León Romero.

A la exparlamentaria aprista se le acusa de cometer la presunta comisión de los delitos de tráficos de influencias, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación del Código Penal.

Al respecto, su abogado Fernando Silva La Rosa señaló que dentro de la investigación que se le sigue a su patrocinada no se han encontrado elementos de prueba que acrediten que habido algún tráfico de influencias.

“No hay elementos de prueba, elementos de convicción de ningún funcionario de los ministerios que señalen que la señora León Romero haya participado de manera directa para esas obras”, expresó.

En razón a ello, la parlamentaria Susel Paredes Piqué (ID) dijo que se trata de un caso complejo, considera que nuestro país está destruido por algunas malas prácticas, toda vez, que los poderes son independientes.

“La democracia se basa en la independencia de poderes, como congresista no estoy de acuerdo en que se tenga que interceder ante un funcionario”, dijo.

En tanto, el parlamentario Ernesto Bustamante Donayre (FP) manifestó que los congresistas especialmente los que vienen de regiones tienen la capacidad de recurrir a todas las regiones, visitar autoridades con la finalidad de gestionar un proyecto sin recibir un solo centavo porque es parte de función como parlamentario.

En la misma línea, el legislador Wilson Soto (APP) señaló que muchas veces por visitar algún ministerio se les ha criminalizado. “Los congresistas no tenemos mandato imperativo”, aseveró.

DENUNCIA CONTRA AVALOS

Seguidamente, el grupo de trabajo anunció que el lunes 19 se va delegar la denuncia a otra congresista y se informará de la hora y fecha en que se desarrollará la audiencia de la denuncia constitucional 115 contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, coacción, encubrimiento real, discriminación, omisión o demora de actos funcionales, peculado de uso, tráfico de influencias, violencia contra la autoridad elegida y encubrimiento personal.

OFICINA DE COMUNICACIONES