Después de escuchar los descargos del exmagistrado César Hinostroza Pariachi y de los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la delegada de la denuncia, la congresista María Retamozo Lezama (Frepap), quedó encargada de la propuesta del informe final del caso en un plazo de cinco días hábiles.

Fue durante la audiencia pública virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista Luis Roel Alva (AP), en la que la legisladora dio cuenta del informe elaborado por su despacho sobre la Denuncia Constitucional 247, presentada por el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, el 28 de agosto del 2018.

Se trata de la acusación contra el ex juez supremo Hinostroza Pariachi y los exconsejeros del CNM Guido Águila Grados, Sergio Noguera Ramos, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, a quienes se les atribuye los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo y tráfico de influencias.

HINOSTROZA PARIACHI

En el momento de descargos, el ex juez supremo Hinostroza Pariachi habló desde España, y dijo haber “sido víctima de interceptación telefónica inconstitucional que llegará a los estrados internacionales, de ser el caso”.

Señaló que la denuncia fue acumulada por un fiscal supremo que no tenía legitimidad para obrar y que se le está
acusando de organización criminal más de dos veces por cada delito, con lo cual la denuncia debe archivarse, porque no se puede acusar con las mismas pruebas.

Indicó que no se han tomado en cuenta las pruebas que han ofrecido, como la declaración testimonial de Edwin Oviedo Pichotito, sobre si habría dado algún beneficio como señala un colaborador eficaz, quien habría mentido por estar involucrado en otros delitos.

ANTECEDENTES

Por su lado, Retamozo Lezama señaló que la investigación realizada a la presunta organización criminal denominada los “Cuellos Blancos del Puerto” tiene su origen en otra realizada en lo que se denominó “Las Castañuelas de Rich Port”, donde se detectaron conversaciones telefónicas entre ellos.

Refirió que la referida organización estaría organizada en tres niveles: personal administrativo y judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao; abogados y empresarios afines; y por altos funcionarios del Estado.

“La finalidad sería cometer delitos contra la administración pública, en particular utilizar su poder para colocar personas allegadas en cargos jurisdiccionales y así obtener favores en diversos procesos judiciales. Para cumplir su objetivo era fundamental tener el apoyo de los miembros del CNM”, dijo.

En ese sentido, indicó que la Fiscalía de la Nación citó como ejemplos a el nombramiento de Juan Canahualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto provincial del Callao; de Armando Mamani Hinojosa, en el cargo de fiscal adjunto provincial de Tacna, y de Frey Mesías Tolentino Cruz, como juez penal del Santa.

Seguidamente, Retamozo Lezama hizo un recuento de los hechos y delitos imputados por la Fiscalía de la Nación a cada uno de los encausados. A Hinostroza Pariachi los de organización criminal; tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

A Gutiérrez Pebe se le imputa, organización criminal y de patrocinio ilegal; a Noguera Ramos, organización criminal y de cohecho pasivo específico; a Águila Grados, de organización criminal; y a Velásquez Benítez, de organización criminal.

Dijo que a excepción de Velásquez Benites, todos los demás presentaron sus descargos en forma oportuna.

DESCARGOS

Durante la audiencia, se escucharon los descargos que coincidieron en sostener que “se estaría revisando lo que ya se evaluó” y que eso resulta arbitrario, porque el caso ya fue judicializado y cuenta con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, sostuvieron que no se respeta el derecho a la inocencia, mientras que no se haya demostrado lo contrario, y que no se estaría respetando el derecho a la reserva.
Noguera Ramos dijo que con el mismo audio utilizado hace dos años, se lo quiere emplear ahora para el caso de ratificación del juez Tolentino Cruz.

Antes, Luzgardo Ramírez Gonzáles Rodríguez, en representación de la Fiscalía de la Nación, señaló que en la denuncia se cuenta con las declaraciones de dos colaboradores eficaces en torno a la existencia de una organización criminal en los que participan empresarios, como Mario Mendoza Díaz, quien era conocido como el “Octavo Magistrado”.

Asimismo, algunos hechos concretos de favorecimiento en nombramientos y los beneficios de los magistrados como la entrega de dinero en efectivo que les hicieron.

PRENSA-CONGRESO