La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con 14 votos a favor y dos en contra, aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite por procedente la Denuncia Constitucional (DC) 415, interpuesta por el ciudadano Tomás Aladino Gálvez Villegas, contra exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, María Zavala Valladares, Imelda Tumialán Pinto, Humberto De La Haza Barrantes y Guillermo Thornberry Villarán por la presunta infracción de la Constitución.

Empero, se considera improcedente en el extremo de la presunta comisión de los delitos de función.

También en forma parcial, fue aprobado con 14 votos a favor y una abstención, el informe de calificación para admitir a trámite por procedentede la DC 472 presentada contra el exfiscal de la nación (i), Juan Carlos Villena Campana.

La denuncia fue interpuesta por los congresistas Patricia Chirinos Venegas (RP), Edgar Tello Montes (PP), Luis Aragón Carreño (AP), Luis Cordero Jon Tay (SP), Illich López Ureña (AP) y José Jerí Oré (SP).

Se trata de la denuncia por la presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, amenaza contra un poder del Estado, patrocinio Ilegal y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; tipificados en el Código Penal.

OTÁROLA Y EXMINISTROS

En otro momento, la subcomisión, con 11 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 338 contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda y los miembros de su entonces gabinete, por supuestos delitos ocurridos el 9 de enero del 2023 durante las jornadas de hechos de protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte.

De acuerdo con el informe de calificación, referida la denuncia constitucional, interpuesta por la congresista Kelly Portalatino Ávalos (P), contiene hechos que no responden al criterio de infracción de la Constitución por supuestamente avalar un uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares.

Además, señala que no existen elementos probatorios de que los denunciados hayan tenido participación, conocimiento o hayan omitido algún deber de cuidado con respecto a los hechos de la denuncia, y que no es suficiente el ejercicio de un cargo ministerial o que algunos de los denunciados se hayan manifestado a favor de las fuerzas armadas y policiales.

Antes de la votación, la congresista Portalatino Ávalos presentó una cuestión previa, que no fue aceptada por el presidente del grupo de trabajo, Jorge Montoya Manrique (HyD), porque ella no integra la subcomisión. Seguidamente, el congresista Flavio Cruz Mamani, de su misma bancada (Perú Libre) hizo suyo ese pedido, que obtuvo nueve votos en contra y cinco a favor, es decir, fue rechazado.

CASO PEDRO CASTILLO

Posteriormente, la subcomisión no aprobó el informe de calificación que declaraba procedente la Denuncia Constitucional 536, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones, por la posible comisión del delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal.

La denuncia se basa en hechos vinculados a la utilización indebida por parte de Castillo, de helicópteros del Ejército del Perú para fines ajenos al servicio presidencial y realizada sin formar parte de la agenda de actividades oficiales en esas fechas. Los cinco viajes se realizaron a la tierra natal del exmandatario donde viven sus padres y otros familiares.

El informe de calificación planteado obtuvo siete votos en contra y seis a favor, es decir, fue rechazado.

IMPROCEDENTE

Finalmente, fue aprobado el informe de calificación que recomendó la improcedencia en todos sus extremos de la DC 502, interpuesta por el ciudadano Eduardo Alex Morón Lara contra magistrados de la Corte Suprema.

Se trata de la denuncia contra los magistrados Javier Arévalo Vela, Víctor Raúl Malca Guaylupo, Miriam Herlly Pinares Silva de Torres, Martín Eduardo Ato Alvarado y Elisa Vilma Carlos; por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad ideológica, tipificados en el Código Penal.

Se señala que los hechos denunciados no se subsumen dentro de las infracciones y delitos que se acusan.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL