Por cumplir con los requisitos de admisibilidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría con diez votos a favor, el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 132 formulada por la fiscal de la Nación en contra del expresidente de la República y exparlamentario Manuel Merino De Lama

La acusación también comprende al expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz Esparza, y al exministro del Interior, Gastón César Rodríguez Limo, por la presunta omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brayan Pintado durante las protestas de noviembre del 2020.

El acuerdo se tomó en la sesión del viernes 10, dirigida por su presidenta la congresista Rosío Torres Salinas (APP).

Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (RP) pidió que se tome en cuenta que hay un proceso penal abierto para que se pueda determinar si la Policía fue la que causó la muerte de los manifestantes por impacto de perdigones.

Por su lado, el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) dijo que no está de acuerdo con el informe de calificación, porque no hay relación entre el hecho y el delito imputado.

Para la congresista Martha Moyano (FP), toda acusación debe cumplir estrictamente lo que dice el Reglamento, entre otros, debe referirse a hechos de infracción a la Constitución o a delitos de función.

«¿El delito que imputa la fiscal es un delito de función?», preguntó.

Alfredo Pariona opinó que Merino debe responder a la justicia por haber dispuesto el empleo de la fuerza excesiva que termino con la muerte de Inti y Bryan.

A su turno el congresista Wilson Soto Palacios (AP) subrayó que la acusación contra el presidente de la República se encuentra rigurosamente regulada en el artículo 117 de la Constitución donde se precisa que procede acusación en su contra únicamente por el delito de traición a la patria, como consecuencia de actos que impidan las celebraciones de elecciones o la reunión en funcionamiento de los órganos electorales.

En otro momento, por mayoría con catorce votos a favor, fue aprobado el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 75 (antigua 417), formulada por la fiscal de la Nación contra el ex vocal supremo, César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y patrocinio ilegal.

DELEGAN DENUNCIAS

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó en el congresista Héctor Valer Pinto (SP) la DC 190 (antigua 374), formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y José Marvin Palma Mendoza, por la presunta comisión de delito; y contra el ex contralor general Edgar Arnold Alarcón Tejada, por la presunta comisión de delito.

Así también delegó en el parlamentario Alejandro Muñante Barrios la DC 193 (antigua 398), formulada por el excongresista Omar Chehade Moya, contra el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, por presunta infracción de la Constitución y por la presunta comisión de delitos.

Finalmente, delegó en el legislador Wilson Soto Palacios la DC 175 (antigua 245), formulada por la excongresista Janet Sánchez Alva, contra la exparlamentaria Yesenia Ponce Villarreal Vargas, por presunta infracción de la Constitución y por la presunta comisión de delitos.

Soto Palacios se excusó de asumir tal responsabilidad por contar con una recargada agenda de trabajo y por viajar constantemente a su región, decisión que deberá ser presentada por escrito a la presidencia de dicho grupo de trabajo para que sea tomada en cuenta.

DAN CUENTA

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de la DC 201, más la ampliación de denuncia formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzáles, por la presunta comisión de delitos.

De igual modo, puso en conocimiento de los parlamentarios la DC 90 (antigua 439), formulada por los excongresistas Luzmila Pérez Espíritu, Luis Felipe Castillo Oliva, Roberto Chavarría Vilcatoma, Absalón Montoya Guivin, Mariano Yupanqui Miñano y Rubén Ramos Zapana; contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete Rodríguez, la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti Soler, y el exministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri, por la presunta comisión de delitos.

Torres Salinas dijo que la secretaria técnica tiene hasta diez (10) días hábiles para que la subcomisión presente los informes de calificación respectivos.

AL ARCHIVO

Pasaron a caducidad tres denuncias constitucionales porque no se encuentran vigentes en razón a que el periodo en que los funcionarios acusados dejaron de ejercer sus respectivos cargos, y se ha superado los cinco (5) años a que se refiere el artículo 99 de la Constitución, de lo que se colige que en todos los casos la prerrogativa del antejuicio de los altos funcionarios denunciados ha caducado.

Así con quince votos a favor pasó a caducidad la DC 39 (antigua 355), formulada por la excongresista Rosa Bartra Barriga, contra el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Von Hesse La Serna, por la presunta comisión de delitos colusión agravada y omisión rehusamiento o demora de actos funcionales previsto en el Código Penal.

De igual forma, con catorce votos a favor pasó a caducidad la DC 40 (antigua 356), formulada por la exparlamentaria Rosa Bartra Barriga, contra el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y los exministros de Estado Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna y Juan Benites Ramos, por presunta infracción constitucional art 39.

Finalmente, esa misma suerte tuvo la DC 185 (antigua 352), formulada por la excongresista Rosa Bartra Barriga, contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y los exministros de Estado Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna y Juan Benites Ramos, por presunta infracción constitucional. El acuerdo obtuvo trece votos a favor.

OFICINA DE COMUNICACIONES