La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC), que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó en forma unánime, el informe final de las denuncias constitucionales 284 y 286 contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago (NA), en el que se recomienda su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, por presunta infracción constitucional por agravio sexual en perjuicio de una trabajadora de su despacho.

El informe elaborado por la secretaría técnica de la SCAC, que fue aprobado con 18 votos a favor, deberá ser elevado a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, para ser ratificado, en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Durante un breve debate, la congresista Susel Paredes Piqué (ID) señaló que un principio vulnerado en la víctima fue el uso de su libertad al que tiene derecho todo ciudadano, de acuerdo con la Constitución. En consecuencia, se manifestó de acuerdo con el informe final.

Por su lado, la congresista María Acuña Peralta (APP) manifestó que el delito cometido por Díaz Monago afecta la dignidad humana y que parte de la denuncia corresponde al Poder Judicial.
En el documento, que fue sustentado por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño (AP), delegado de las denuncias- se sostiene que los argumentos presentados por el congresista denunciado tergiversan la realidad; y que por el contrario se demostró que incurrió en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, 38 y 39 de la Constitución Política del Estado.

En esa línea, quedó demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como tal y de su investidura, para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma y, sobre todo, empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso de la República.

También que en la conducta del denunciado se observó factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como el que se trata de un alto funcionario del Estado, que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo; y que los hechos se llevaron a cabo en el interior de un despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de congresista.

Según el informe final, la sanción a aplicarse tiene el fin de evitar que el denunciado vuelva a cometer la misma conducta infractora de la Constitución, y garantizar el respeto al principioy derecho de igualdad ante la Ley y no discriminación, el deber de estar al servicio de la nación y de cumplir con la Constitución y la normativa vigente.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

De otro lado, fue aprobada, también en forma unánime, el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas y contra el Fiscal Supremo, Pablo Sánchez Velarde, por el presunto delito de tortura, por no contener los elementos mínimos de razonabilidad, según los requisitos comprendidos en el artículo 39 del Reglamento del Congreso.

También fue aprobado el informe de calificación que declara la admisibilidad de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido César Águila Grados, como posible autor del delito contra la Administración Pública, en agravio del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES