En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se llevó a cabo la audiencia de la denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Carlos Basombrío, denunciado por presunta infracción constitucional y al Código Penal respecto a las presuntas irregularidades en el pase a retiro de oficiales de la Policía Nacional de Perú ocurrido en el 2016.

Se trata de las denuncias constitucionales (de la 147 a 167) presentadas por los ciudadanos Belermino Vásquez Guevara y otros en contra del exministro Basombrío por presunta violación del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y probable infracción constitucional de los artículos 1, 2, 3, 22, 26, 38, 44, 118 y 139 de la Constitución Política del Estado.

Así también por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, falsedad ideológica, ocultamiento y destrucción de documentos, omisión de declaración en documento público y abuso de autoridad condicionado, y que se encuentran tipificados en el Código Penal.

La sustentación de la denuncia estuvo a cargo del congresista (AP) Jorge Flores Ancachi quien explicó -en los fundamentos de la denuncia- que cuando se dictó el Decreto Legislativo 1242 -que modificó los artículos del DL 1149 Ley de la Carrera de del Personal de la Policía Nacional, en el extremo de acondicionar un marco legal para aplicar el retiro anticipado de oficiales de la PNP mediante modalidad de renovación excepcional- «se afectó el desarrollo personal, profesional, línea de carrera y proyecto de vida de policías que no tienen ni se encuadran en causales justificadas”, dijo.

En la sesión participaron algunos de los oficiales denunciantes quienes consideraron que -de manera injusta y sin que exista un informe que sustente tal decisión- fueron pasados a retiro truncándoles su carrera en la institución policial y afectando considerablemente su entorno familiar.

Al respecto, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, sostuvo que se trató del retiro anticipado de un grupo de oficiales mediante la modalidad de renovación y de acuerdo a ley.

“El pase a retiro por renovación es una medida para el fortalecimiento institucional que se da en todos los institutos armados, que se hace cada año y no es una sanción”.

Basombrío manifestó sentirse apenado porque en el informe presentado por el congresista Ancachi no se consignan sus descargos, vulnerando su derecho a la defensa.

“Nosotros hemos sido notificado casi cinco años después de que estas denuncias fueron presentadas. Hicimos el reclamo porque nos entregaron alrededor de mil páginas y nos dieron cinco días útiles de plazo para poder responder. Y ahora figuramos como personas que no ejercimos el derecho a los descargos” informó el exministro del Interior.

Antes,  se llevó a cabo -de manera reservada- la continuación de la audiencia respecto de la DC 171 (ex 143) formulada por el ciudadano Guillermo Sandoval Aguilar contra los exconsejeros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Águila Grados, por la presunta comisión del delito de estafa, tipificado en el artículo 196 del Código Penal; y contra Orlando Velásquez Benites, Sergio Iván Noguera Ramos, Hebert Marcelo Cubas, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Segundo Baltazar Morales Parraguez, Elsa Maritza Aragón Hermoza Del Cortijo, y Pablo Rogelio Talavera Elguera, por la probable comisión del delito de discriminación.

DAN CUENTA

La presidenta de la comisión dio cuenta y anunció el inicio del período de calificación de la denuncia constitucional 240, formulada por la Fiscal de la Nación, contra la excongresista Luciana León Romero, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio, y peculado doloso por apropiación.

En la sesión se designó a los congresistas delegados que -en un plazo de 15 días hábiles- se harán cargo de la investigación y la presentación del informe final de seis denuncias constitucionales.

Así, la denuncia constitucional 115, sobre el caso Zoraida Ávalos Rivera estará a cargo del congresista (AP) Jorge Flores Ancachi, mientras que la denuncia constitucional 107 sobre el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas y la ahora exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, será investigado por el congresista Edgard Reymundo Mercado (CD).

Su colega Wilson Soto Palacios (AP) se abocará a la denuncia constitucional 219 sobre el caso del presidente Pedro Castillo Terrones.

Además, la denuncia constitucional 090 sobre el caso del expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la exministras Pilar Elena Mazzetti Soler, Esther Elizabeth Astete Rodríguez, y Mario Juvenal López Chávarri estará a cargo de la congresista (PL) María Taipe Coronado; en tanto que la denuncia constitucional 001 contra el exministro Juan Manuel Carrasco Millones será asumida por el congresista (RP) Alejandro Muñante Barrios.

Finalmente, las denuncias constitucionales 209 y 231 acumuladas contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, serán investigadas por el congresista (FP) Ernesto Bustamante Donayre.

OFICINA DE COMUNICACIONES