La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosio Torres Salinas (APP), designó al congresista Jorge Flores  Ancachi (AP), para que investigue la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra y las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 al 2020.

En el caso del exmandatario, la denuncia formulada es por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y delito de negociación incompatible, por la presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros mediante nueve órdenes de servicio sin que este cumpla con el perfil exigido para prestar el servicio.

Vizcarra tendrá que responder por el delito de obstrucción a la justicia, a causa de las conversaciones sostenidas presuntamente en Palacio de Gobierno, junto a otros funcionarios de dicha dependencia, sobre la forma en la que debían dar su testimonio en la investigación fiscal que se realizaba sobre los hechos relacionados al caso Cisneros.

Las exministras de Cultura están denunciadas por peculado doloso y negociación incompatible, tras hallarse indicios de su directa participación en la adecuación de servicios en el ministerio de Cultura para ser adjudicado a Cisneros, así como también la atención a las llamadas de la exsecretaria de la Presidencia, Miriam Morales, respecto de la contratación y pago a Cisneros, por orden del presidente Vizcarra.

De otro lado, la Subcomisión declaró procedente las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida  Ávalos  Rivera,  así como al Defensor del Pueblo, Walter  Gutiérrez  Camacho.

La denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación señala que la titular del Ministerio Público habría cometido los presuntos delitos de comisión de abuso de autoridad, coacción, encubrimiento real, discriminación, omisión de altos funcionarios, peculado de uso, tráfico de influencias, violencias contra autoridades elegidas y encubrimiento personal previstos en los artículos 376, 151, 405, 323, 377, 388, 400, 369 y 404 del Código Penal.

La denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, es por la presunta  infracción  de los  artículos  139  (inciso  2)  y  162  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  y  por  la  probable comisión  de  los  delitos  de  abuso  de  autoridad  y  avocamiento  ilegal  de  procesos  en trámite, previstos  en  los artículos  376  y  410  del Código  Penal.

El siguiente paso es que la Subcomisión solicite a la Comisión Permanente del Congreso que apruebe el plazo para realizar las correspondientes investigaciones y la presentación de los informes finales de los dos casos.

Antes de estos acuerdos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó una audiencia virtual donde el excongresista Javier Velásquez Quesquén y el excontralor Édgar Alarcón Tejada, presentaron sus descargos respecto a las denuncias interpuestas por la fiscal de la Nación en contra de ellos por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

Velásquez y Alarcón pidieron a los congresistas que archiven sus expedientes porque detrás de esas denuncias existe una connotación política.

La Subcomisión archivó las denuncias constitucionales contra el fiscal supremo Pablo Sánchez y la exministra de la Mujer, Silvia Loli, por presunta infracción constitucional y penal.

En la parte final de la sesión se dieron cuenta de dos nuevas denuncias constitucionales que ingresaron a la agenda de la subcomisión: la primera, del exfiscal supremo, Luis Arce  Córdova,  contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por presunta infracción constitucional, y probable comisión de delitos. La segunda denuncia pertenece al excongresista César Gonzáles y está dirigida contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por presunta infracción constitucional.

OFICINA DE COMUNICACIONES